Por Carlos Angulo Parra
El 3 de diciembre, la presidente Sheinbaum formó el llamado “Consejo para la Promoción de Inversiones”, con el fin de establecer un mecanismo de diálogo periódico con empresarios clave, orientado a la instrumentación del “Plan México” que tiene la intención de atraer inversiones estratégicas en infraestructura, energía y servicios.
Muy bien, magnífico, PERO, siempre y cuando estuviese México viviendo en una circunstancia, llamémosle “normal”.
El problema es que nuestro país, por desgracia, vive en una circunstancia excepcional. Todos la conocemos, pero muy pocos conocen las verdaderas consecuencias de ella, pero es una situación en la que, de continuar, no puede haber inversiones serias, como las que se dan en un país, llamémosle, civilizado.
¿A que me refiero?
A muchas cosas, que enumero con varios ejemplos:
Los mexicanos no tenemos certeza ni seguridad jurídica. Es decir, si llega a haber una incursión ilegal del gobierno en contra de una empresa o de un individuo, en la que la persona pierda la libertad sin haber mediado orden de aprensión expedida por autoridad judicial o la empresa pierda la capacidad de seguir operando porque el SAT le cancele sus sellos fiscales por lo que se vea impedida para facturar, al no haber un Poder Judicial independiente, al no haber juicio de amparo que sea capaz de suspender los actos ilegales del gobierno, la empresa y la persona física no tienen posibilidades de defensa, quedando absolutamente a la merced del gobierno para recuperar la facultad la empresa de seguir operando y la persona de recuperar su libertad.
Si al gobierno se le ocurre expropiar el inmueble en donde opera la empresa, sin indemnización alguna o con una muy baja indemnización, y cobrarle a ella un monto exorbitante de renta que puede impedirla operar con utilidades que le permita su subsistencia, quedando en la práctica impedida la empresa de defenderse, porque el Poder Judicial ha quedado totalmente a las órdenes de las autoridades expropiantes.
En el supuesto de que la empresa emprenda un negocio agropecuario para la engorda de ganado para la exportación y por resolución de las autoridades sanitarias se le impida la exportación, aduciendo una enfermedad inexistente en el ganado, sin posibilidades de que la empresa pueda defenderse ante la autoridad judicial porque el Poder Judicial está bajo las órdenes del gobierno que prohibió la exportación del ganado.
Una empresa que realiza una inversión de cientos de millones de dólares para establecer una manufacturera de productos electrónicos, y las autoridades del SAT determinan adeudos fiscales equivalentes a la mitad de su inversión y determinan sin probanzas suficientes que se cometieron delitos de defraudación fiscal, embargando las instalaciones fabriles de la empresa, clausurando sus operaciones y encarcelando a sus directivos con prisión preventiva oficiosa, sin que tengan defensa alguna por vía del juicio de amparo que es improcedente conforme a las últimas reformas y sin que el Poder Judicial tenga independencia del las autoridades dependientes del Ejecutivo Federal que tiene total control sobre los juzgadores.
Sí, estos supuestos catastróficos pueden suceder sin un Poder Judicial independiente, sin un juicio de amparo efectivo y con cambios legislativos que afectan a los derechos humanos de las personas que operen negocios en México.
Entonces me pregunto, ¿Por qué al formarse este llamado “Consejo para la Promoción de Inversiones”, ¿nadie osó decirle a nuestra presidente Sheinbaum que nuestro país no puede crecer en su economía teniendo estos altísimos grados de riesgo para las inversiones ?, y que no es posible llevar a cabo el famoso “Plan México”, si en nuestro país las empresas no se pueden defender de las arbitrariedades del gobierno.
Y no digo esto basado en supuestos imposibles e improbables cuando ya hay grandes empresas metidas en estas encrucijadas, y no me refiero únicamente a las empresas de Ricardo Salinas Pliego, sino a empresas canadienses mineras como First Majestic Silver y compañías estadounidenses que se han quejado ante la American Chamber of Commerce y el US Trade Representative, de prácticas abusivas del SAT, como también grandes empresas asiáticas como Samsung que tiene un grave conflicto con el SAT relacionado con un cobro doble ilegal del IVA resultantes de operaciones dentro del programa IMMEX, así como empresas aseguradoras que han estado en conflicto con el SAT sobre deducciones autorizadas.
Necesitamos en México empresarios valientes y responsables que se atrevan a decirle al gobierno la necesidad de tener un Estado de Derecho que garantice a las empresas y a nuestro pueblo, que el gobierno se va a conducir dentro de la legalidad y va haber garantías e instituciones que lo aseguren y no nada más “caerle bien al gobernante” para sacarle raja de ello a sus negocios.
Empresarios:
¡Actúen con contundencia, con ética y responsabilidad ante el autoritarismo que se nos está imponiendo por parte de este régimen de morena!
