Por Rafael Cano Franco
El gobierno de Vicente Fox, al crear la ley General de Desarrollo Social, daba vida al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), y desde el 2004 este organismo se convirtió en la institución que analizaba el impacto de las políticas públicas en materia de desarrollo social.
Y sus opiniones, aunque no siempre agradaron a los mandatarios en turno, al final terminaban por ser respetadas y las utilizaban para mejorar sus acciones y programas de desarrollo social. Pero durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el Coneval cometió uno de los peores pecados frente a un mandatario autoritario y revanchista.
Le dijo que, al desaparecer el seguro popular, su Gobierno había dejado sin acceso a los servicios de salud pública a 55 millones de personas. Eso no solamente molestó a López Obrador, fue una declaración que exhibió el fracaso de su Gobierno y rompió con el discurso y la frase aquella “de primero los pobres”.
La reacción fue de intolerancia y censura, pero además fueron más allá porque se determinó que el Coneval debía desaparecer. El golpe fue consumado este lunes 23 de junio, luego de que la Cámara de Diputados aprobó transferir las funciones del Coneval al Inegi y, con ello, estableció que sea este último quien realice la medición de la pobreza y la evaluación integral de la política de desarrollo social del Gobierno, con el pequeño detalle de que no podrá comentar los resultados y tampoco generar propuestas de mejora como sí lo hacía el Coneval, como en muchos otros casos de instituciones que luego desaparece el Gobierno federal.
El pretexto para sepultar al Coneval fue de índole presupuestal, pero ese solamente fue el pretexto, al Estado mexicano le incomodaba sobremanera tener un organismo que era capaz de pararlo frente a un espejo y que se conociera a sí mismo para que luego rindiera cuentas al pueblo en torno a los resultados de las políticas públicas.
El Inegi es un organismo gubernamental que está controlado por el Gobierno federal y sus mediciones se restringen exclusivamente a la parte de estadística y matemática, pero no tiene el conocimiento técnico ni la rigurosidad en el análisis de los datos que lo capacite para emitir opiniones respecto al éxito o fracaso de las políticas públicas en materia de desarrollo social.
Es evidente que hay una molestia gubernamental con los datos ofrecidos por Coneval y el Gobierno, en lugar de atender a aquello que puede ser mejorable, optó por el autoritarismo y mandó callar al organismo que contradecía el discurso oficial y el único que les daba elementos para evaluar las políticas públicas y así poder mejorarlas.
Con esta acción, el Gobierno federal rompió el espejo que lo reflejaba con la única intención de no ver reflejada la fea imagen que ahí aparecía. Pero al negarse a aceptar la realidad, se está condenando a vivir en una permanente mentira.
