Un exagente de alto nivel de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y un socio suyo enfrentan cargos federales por narcoterrorismo, según The Associated Press.
La acusación, hecha pública este viernes en la ciudad de Nueva York, señala que conspiraron para lavar millones de dólares y obtener armas de fuego y explosivos para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una organización designada como terrorista por el gobierno estadounidense.
Este caso, fundamentado en una investigación con un informante confidencial dirigido por las autoridades, revela una presunta traición a la misión de la DEA desde dentro y se suma a una serie de incidentes que han afectado la confianza en la agencia.
Los imputados son Paul Campo, de 61 años y residente en Virginia, y Robert Sensi, de 75 años, de Florida.
Campo es la figura central: se retiró de la DEA en 2016 después de una carrera de 25 años. Comenzó como agente en Nueva York y ascendió hasta convertirse en subjefe de operaciones financieras de la agencia.
La acusación señala que, durante las conversaciones con el informante, Campo hizo alarde de su experiencia previa en la aplicación de la ley. Su socio, Sensi, no tiene un historial conocido como agente federal.
Campo y Sensi enfrentan cuatro cargos federales por conspiración relacionados con narcoterrorismo, terrorismo, distribución de narcóticos y lavado de dinero.
El gran jurado federal en Manhattan regresó la acusación. Los cargos de narcoterrorismo son particularmente graves debido a que el presunto beneficiario, el CJNG, fue designado oficialmente como una organización terrorista extranjera por el Secretario de Estado Marco Rubio en febrero de este año.
Según los documentos judiciales, la investigación se desarrolló mediante un informante confidencial que se hizo pasar por un miembro del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Este informante en realidad estaba siendo dirigido por oficiales encubiertos de la ley. A través de este contacto, Campo y Sensi acordaron realizar una serie de transacciones ilícitas para el supuesto cártel.
La acusación detalla varios acuerdos presuntos:
Lavado de dinero: Aceptaron lavar aproximadamente 12 millones de dólares provenientes de las drogas para el cártel.
Criptomonedas: Convirtieron alrededor de 750,000 dólares en efectivo a criptomoneda para el grupo.
Financiamiento de cocaína: Proporcionaron un pago por unos 220 kilogramos de cocaína que, según les informaron, se distribuirían y venderían en Estados Unidos por unos 5 millones de dólares. Ellos recibirían una parte de las ganancias.
Adquisición de armas: Dijeron que investigarían la procuración de drones comerciales y armas de grado militar para el cártel. Esta lista incluía rifles semiautomáticos AR-15, carabinas M4, lanzagranadas y granadas propulsadas por cohetes (RPG).
Las autoridades han sido contundentes en sus declaraciones. Jay Clayton, Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, afirmó:
“Según se alega, Paul Campo y Robert Sensi conspiraron para ayudar al CJNG, uno de los cárteles mexicanos más notorios, responsable de innumerables muertes a través de la violencia y el tráfico de drogas en Estados Unidos y México… Al participar en este esquema, Campo traicionó la misión que se le confió para perseguir durante sus 25 años de carrera en la DEA”.
Por su parte, el administrador de la DEA, Terrance Cole, añadió que, aunque Campo ya no trabaja para la agencia, la actividad presunta “deshonra a los actuales oficiales encargados de hacer cumplir la ley y socava la confianza pública”.
Este caso no es un incidente aislado. La DEA ha enfrentado varios casos de conducta indebida en sus filas en los últimos años.
Un recuento de The Associated Press señala al menos 16 agentes en la última década acusados de cargos federales. Estos van desde pornografía infantil y tráfico de drogas hasta filtrar inteligencia a abogados defensores y vender armas de fuego a asociados de cárteles. Estos incidentes han revelado deficiencias en la supervisión interna de la agencia.
A partir de 2021, la DEA implementó nuevos controles sobre cómo se pueden usar sus fondos en operaciones encubiertas de lavado de dinero y advirtió a los agentes que ahora pueden ser despedidos por una primera falta grave.
Se dejaron mensajes en los números telefónicos asociados a Campo este viernes minetras que no se pudo localizar de inmediato información de contacto para Sensi.
Los registros judiciales no listaban abogados defensores para ellos al momento de hacerse pública la acusación. Se esperaba que ambos comparecieran ante un tribunal federal en Manhattan el viernes por la tarde para enfrentar formalmente los cargos.
El proceso legal apenas comienza y determinará la validez de las graves acusaciones presentadas por la fiscalía.
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