Por Rubén Borunda E.
La propuesta del Gobierno de México para fortalecer la protección de los derechos de las audiencias ha reavivado un debate fundamental en toda sociedad democrática: ¿hasta dónde debe intervenir el Estado en los contenidos que consumen los ciudadanos? Aunque el objetivo declarado es proteger a las audiencias de la desinformación, los discursos de odio y la manipulación mediática, también surge una preocupación legítima: que esta protección termine convirtiéndose en un mecanismo de censura que limite la libertad de expresión y el derecho de las personas a elegir libremente qué ver, escuchar o leer.
Desde la filosofía, particularmente la antropología filosófica y la ética, este debate puede analizarse a partir de tres dimensiones de la verdad: la verdad ontológica, la verdad lógica y la verdad moral.
La verdad ontológica se refiere a la realidad de las cosas tal como son, independientemente de las opiniones o intereses de las personas. En materia de comunicación, implica reconocer que existen hechos objetivos que deben distinguirse de las interpretaciones.
La verdad lógica consiste en la correspondencia entre lo que se afirma y los hechos. Es el fundamento del pensamiento crítico y de la argumentación racional. En una democracia, tanto los medios de comunicación como los ciudadanos tienen la responsabilidad de contrastar información y evitar la difusión de noticias falsas.
Por su parte, la verdad moral hace referencia al compromiso ético con el bien común y con la dignidad de las personas. Informar con honestidad, evitar la difamación, proteger a los menores y respetar los derechos humanos forman parte de esta dimensión moral.
Es precisamente aquí donde surge la preocupación respecto de la reforma del Derecho de Audiencia. Aunque la Constitución mexicana reconoce tanto la libertad de expresión como el derecho a la información, principios protegidos en los artículos 6° y 7°. Si bien el Estado tiene la obligación de garantizar estos derechos y establecer reglas, no significa que pueda decidir qué opiniones son aceptables o qué contenidos pueden ver, escuchar o leer los ciudadanos.
La preocupación no es nueva en México, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Se caracterizó por una relación cercana con los grandes consorcios mediáticos y una fuerte influencia de la publicidad oficial.
En la administración de Felipe Calderón (2006-2012), Mantuvo una relación institucional, aunque hubo tensiones por la cobertura de la guerra contra el narcotráfico.
Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) Impulsó la reforma de telecomunicaciones y reconoció derechos de las audiencias, pero fue criticado por el uso de publicidad oficial y casos de presión a periodistas.
En el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) Tuvo una relación abiertamente confrontativa con varios medios y periodistas críticos, utilizando las conferencias mañaneras como principal instrumento de comunicación.
En este periodo de gobierno de la presidente Claudia Sheinbaum Pardo (2024-2030) Mantiene las conferencias matutinas y un supuesto discurso de defensa de la libertad de expresión, pero enfrenta cuestionamientos por las reformas regulatorias y por la relación entre el gobierno y los medios críticos.
En este contexto, la reforma impulsada por el gobierno actual encuentra su fundamento en la necesidad de proteger a las audiencias frente a la desinformación, garantizar contenidos responsables y fortalecer los derechos reconocidos en la legislación de telecomunicaciones y en los tratados internacionales sobre derechos humanos.
Sin embargo, es menester del Estado, que la verdad o realidad de las cosas prevalezca por encima de cualquier interés político, personal, institucional y del propio gobierno y que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) se apegue a lo que la verdad ontológica, lógica y moral sustenta para el fiel cumplimiento de los derechos de audiencia.
En esencia, esta reforma pretende que se informe con la verdad, de la realidad de los hechos y de evitar engañar a la población. Pero volvemos a la preocupación en donde el Estado se convierte en juez y parte de la información, pues se convierte en un Estado totalitario.
El Estado tiene la obligación de proteger mi derecho a estar informado, pero no tiene derecho a pensar por mí. Puede garantizar que existan condiciones para acceder a información plural, exigir responsabilidad cuando se vulneran derechos y proporcionar mecanismos de réplica; pero cuando pretende convertirse en juez de la verdad y decidir qué puedo ver, escuchar o leer, deja de ser un garante de la libertad y comienza a convertirse en un tutor de la conciencia ciudadana. Y cuando el Estado pretende controlar la conciencia, la libertad de expresión deja de ser un derecho pleno para convertirse en una libertad condicionada por el poder y hasta llegar a ser señalado como enemigo del poder.
No debemos de olvidar, que actualmente el partido gobernante tiene control de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, además de instituciones que de alguna forma son afines o condicionales al poder que no representan un contrapeso para el gobierno, el único contrapeso contra los excesos del poder radica en nuestra libertad a la información, de expresión y de conciencia, donde estos elementos son parte de nuestros Derechos Humanos.
