Por Jesús García Galaviz
Entra a cualquier portal de transparencia presupuestaria del gobierno mexicano federal, estatal o municipal y encontrarás lo mismo: miles de Matrices de Indicadores para Resultados (MIR), fichas técnicas, semáforos de cumplimiento, porcentajes de avance. Solo en la Cuenta Pública 2024, el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) reportó que el 99.4% de los 4,084 indicadores de desempeño registrados por los programas presupuestarios federales mostró avances en el cumplimiento de sus metas. Ese número, a primera vista, describiría un gobierno funcionando casi a la perfección.
Cualquiera que haya hecho una fila en el IMSS, tramitado un acta en el Registro Civil o esperado meses una respuesta de la Fiscalía sabe que esa cifra no describe el país que vive.
Ahí está la grieta que quiero exponer: México no dejó de importar el lenguaje de la Nueva Gerencia Pública (NGP), solo lo vació de consecuencias. Construimos una arquitectura completa MIR, Presupuesto basado en Resultados, Fichas de Indicador del Desempeño, pero terminamos midiendo la actividad burocrática, no el problema que esa actividad debía resolver.
De la promesa a la contabilidad
La NGP llegó a México en los años noventa con una promesa seductora: si el sector privado podía optimizarse con indicadores, metas y rendición de cuentas, el sector público también podía dejar de ser una maquinaria opaca y volverse una organización orientada a resultados. De ahí nacieron el SED y el Presupuesto basado en Resultados, coordinados por la Secretaría de Hacienda, que hoy exigen a cada dependencia desde una secretaría federal hasta un ayuntamiento diseñar una matriz que conecte insumos, actividades, componentes y fines.
El problema no es la arquitectura. El problema es qué eligieron medir dentro de ella.
Medir el trámite, no el resultado
La mayoría de los indicadores mexicanos capturan procesos: cursos impartidos, expedientes abiertos, sesiones realizadas, porcentaje de avance presupuestal ejercido. Son datos fáciles de reportar, difíciles de cuestionar y casi siempre alcanzables, porque la meta se ajusta a lo que la dependencia ya sabe que puede entregar. Lo que casi nunca se mide o se mide con años de retraso y metodologías discontinuas es si ese trámite, curso o sesión mejoró efectivamente la vida de alguien.
El caso más revelador de los últimos años no es un indicador que fallara, sino una institución completa que dejó de existir para medir. En julio de 2025, el Estado mexicano formalizó la desaparición del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y transfirió al INEGI la medición de la pobreza y la evaluación de la política social. El argumento oficial habló de simplificación administrativa; la crítica técnica señaló la pérdida de una evaluación autónoma que incomodaba precisamente porque medía resultados, no procesos.
Y los resultados, cuando alguien se toma la molestia de mirarlos con cuidado, cuentan una historia incómoda. Entre 2018 y 2022, mientras el gasto público aumentaba, la población con carencia de acceso a servicios de salud pasó de 20.1 a 50.3 millones de personas, según cifras del propio CONEVAL recogidas por organizaciones de análisis fiscal. Es decir: más presupuesto ejercido, más indicadores en verde, y sin embargo menos gente cubierta por el sistema de salud. Ningún semáforo de cumplimiento en una MIR capturó esa contradicción a tiempo.
El costo de administrar el dato en vez del problema
Diseñar, capturar, justificar y defender un indicador ante una auditoría consume horas, personal y presupuesto que podrían destinarse a resolver lo que ese indicador dice medir. Con el tiempo, la gerencia pública mexicana desarrolló una habilidad más refinada para redactar justificaciones de por qué no se cumplió una meta “causas y efectos de la diferencia entre la meta y el valor alcanzado”, en el lenguaje oficial que para prevenir el incumplimiento mismo. Se volvió más eficiente el aparato de reporte que el servicio reportado.
Esto no es exclusivo de México, pero aquí adquiere una gravedad particular porque conviven docenas de sistemas de evaluación paralelos federal, estatal, municipal, por fondo, por ramo con escasa coordinación entre sí, y con consecuencias reales casi nulas cuando un programa reprueba: rara vez se cancela, rara vez se rediseña a fondo, casi nunca alguien responde por ello.
¿Medir para quién?
El debate que México necesita no es si debe seguir midiendo el desempeño gubernamental, abandonar la evaluación sería un retroceso, no una solución, sino repensar radicalmente qué mide, quién audita esa medición con independencia real, y qué ocurre cuando los números y la vida de la gente dejan de coincidir. Mientras la respuesta a esa última pregunta siga siendo “nada”, seguiremos generando miles de indicadores en verde que no logran explicar por qué la fila del Seguro Social no se mueve.
Tenemos, en efecto, más indicadores que hospitales que funcionan bien. Y mientras eso no cambie, la Nueva Gerencia Pública mexicana seguirá siendo mejor en llenar matrices que en resolver lo que esas matrices prometían arreglar.
