—Por primera vez la presidenta se ve preocupada
—El SAT va de mal en peor, le fallan a los contribuyentes
—Les dan atole con el dedo a los profes de la Sección 42
Muy caliente se puso el martes allá en la capital azteca tras el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, secretaria particular y asesor de Clara Brugada.
Esta tragedia pone sobre la mesa la creciente inseguridad en el país y en especial en la Ciudad de México, y la urgente necesidad de soluciones efectivas por parte del gobierno de la cuatroté.
A plena luz del día y ante a decenas de capitalinos un solitario pistolero ejecutó de varios tiros a los dos funcionarios del gobierno de la Ciudad de México en pleno corazón de la alcaldía Benito Juárez, muy cerca de la plaza de la Constitución.
El atentado contra los dos funcionarios cercanos a la jefa de gobierno Clara Brugada representa un desafío directo a la autoridad. Si figuras clave del gobierno han sido víctimas de un acto tan violento, ¿qué pueden esperar los ciudadanos comunes?
Por más esfuerzos que realice el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para garantizar que la inseguridad está controlada, estos hechos evidencian lo contrario.
La noticia del doble homicidio llegó hasta la conferencia matutina, donde la presidenta fue informada del suceso directamente por el secretario de seguridad, Omar García Harfuch.
El impacto de la noticia fue evidente, y por primera vez se pudo observar a la presidenta Claudia Sheinbaum visiblemente afectada por la gravedad de los hechos.
Por hora las autoridades locales de la CDMX y federales trabajan en conjunto para identificar y detener al responsable, quien huyó tras el ataque.
La jefa de gobierno, Clara Brugada, y la presidenta Claudia Sheinbaum han prometido justicia y apoyo a las familias de las víctimas. Sheinbaum destacó la colaboración de instancias federales como el CNI, la SSPC, la Defensa y la Marina para esclarecer el caso.
El secretario Omar García Harfuch y la Fiscal Bertha Alcalde Luján han asegurado que no habrá impunidad, mientras se analizan cámaras de videovigilancia y se realizan diligencias ministeriales y periciales para avanzar en la investigación.
Este doble homicidio de Ximena Guzmán y José Muñoz es un recordatorio alarmante de la vulnerabilidad que amenaza tanto a las figuras públicas como a la ciudadanía en general.
Este acto de violencia no solo pone a prueba la capacidad del gobierno para identificar y detener al responsable, sino que también evidencia la gravedad de la inseguridad que afecta a todo el país.
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La institución que va de mal en peor durante la actual administración federal es el Servicio de Administración Tributaria (SAT) que igual enfrenta críticas por su voracidad fiscal, y también por su ineptitud para brindar servicios ágiles y funcionales que merecen los contribuyentes.
Las críticas hacia el SAT por su deficiente servicio y políticas de recaudación han escalado al punto de ser debatidas en el pleno del Congreso local, donde legisladores han denunciado su actuación como una forma de terrorismo fiscal y pésimos para hacer las devoluciones del IVA.
Uno de los reclamos más recurrentes de los contribuyentes chihuahuenses es el retraso prolongado en la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Esta situación afecta especialmente a personas físicas, microempresas y Pymes, quienes dependen de estos recursos para mantener sus operaciones.
Otra de las quejas recae sobre los problemas técnicos que enfrenta el sistema, estas fallas se presentan en plataformas clave como el portal en línea, los sistemas de facturación electrónica y las herramientas para realizar trámites fiscales.
Los contribuyentes enfrentan constantes dificultades tanto para realizar trámites en debido a un sistema lento e ineficiente. Incluso los procedimientos más básicos, como la obtención de una firma electrónica, resultan complicados de gestionar en las oficinas locales.
Las interrupciones frecuentes dificultan el cumplimiento de las obligaciones fiscales, especialmente para Pymes, microempresas y personas físicas, quienes dependen del sistema para la presentación de declaraciones, la obtención de comprobantes fiscales y otras gestiones esenciales.
Uno de los problemas más reportados es la incapacidad para acceder al portal del SAT en fechas clave, como los periodos de cierre de mes o la presentación anual de declaraciones.
Estas inconsistencias no solo generan retrasos, sino que también exponen a los contribuyentes a posibles sanciones por incumplimiento involuntario. Las fallas recurrentes en la plataforma han llevado a muchos usuarios a calificar al sistema como ineficiente y poco confiable.
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Una vez más, los maestros de la CNTE tomaron las calles para manifestarse, dejando las aulas y a los estudiantes sin atención. En la jornada de ayer, un grupo bloqueó el puente internacional de la Juárez, permitiendo el paso libre de cuotas de peaje a los automovilistas.
Esta movilización se suma a las recientes de la CNTE, que abarcan desde paros en cinco estados hasta bloqueos en la capital, que evidencian un sistema educativo atrapado en un círculo vicioso de promesas incumplidas y una política que parece más una obra teatral que un gobierno funcional.
Las casetas bloqueadas y los plantones en el Zócalo allá en la capital del país son solo la punta del iceberg. Detrás de estas acciones hay años de frustración acumulada, promesas incumplidas y una ley, la del ISSSTE 2007, que ha demostrado ser un punto de quiebre para las demandas magisteriales. Sin embargo, lo que realmente está en juego aquí no es solo el bienestar de los maestros, sino el futuro de toda una generación.
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El anquilosado líder de la Sección 42 del SNTE, Manuel Quiroz, expresó su satisfacción al calificar como un logro significativo el reciente acuerdo con los principales deudores del sistema de salud de Pensiones Civiles del Estado.
Según anunció acordaron la asignación de 300 millones de pesos para Pensiones Civiles del Estado (PCE), divididos entre la mejora de infraestructura y el pago de deudas institucionales. Esta noticia, que podría parecer un avance significativo, merece un análisis más profundo sobre las prioridades y la manera en que se administra el dinero público.
Las instituciones como la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) y la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) han acumulado deudas que ahora serán cubiertas con recursos destinados originalmente para la atención médica y el bienestar de los trabajadores de la educación.
Este enfoque plantea una pregunta esencial: ¿por qué las instituciones públicas no son capaces de cumplir con sus obligaciones financieras sin recurrir a fondos adicionales?
La falta de transparencia en el manejo financiero de estas instituciones es alarmante. Aunque se ha prometido un informe mensual sobre cómo se ejercen los 108 millones recuperados de estas deudas, los ciudadanos merecen respuestas más claras sobre cómo se llegó a esta situación y qué medidas se tomarán para evitar que se repita.
Otro aspecto preocupante de este anuncio es el énfasis en la infraestructura como solución para encubrir una crisis financiera. Destinar 200 millones de pesos para obras parece ser una estrategia para distraer la atención de las deudas acumuladas, ofreciendo mejoras tangibles mientras se minimiza el impacto real de la mala administración financiera.
