Por: Jesús García Galaviz
Introducción
Todo proceso de reforma institucional implica, en esencia, una reingeniería
organizacional del Estado. La iniciativa de reforma electoral presentada por la
presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a finales del mes febrero de 2026 no es la
excepción. Desde una perspectiva de administración pública y gestión estratégica,
esta propuesta articula tres ejes clásicos de cualquier transformación
institucional: racionalización del gasto, rediseño estructural y modernización de
procesos. El reto, como ocurre en toda reforma de gran envergadura, está en
garantizar que la eficiencia operativa no comprometa la legitimidad
democrática (Limpiar privilegios, abaratar, hacer más eficiente).
- Racionalización del Gasto Público: ¿Austeridad o
Subinversión Institucional?
Uno de los argumentos centrales de la reforma es de naturaleza financiera,
México es considerado como el país en donde los procesos de elección resultan
ser de los más caros. Durante las elecciones de 2024, la organización de los
comicios anduvo por los 61 mil millones de pesos: 36 mil millones
correspondieron a los organismos y partidos a nivel nacional y 25 mil millones a
los institutos locales del país.
Por esta razón, la propuesta va con reducir un 25% en el costo de las elecciones, lo
cual implicará un ajuste en los recursos destinados al INE y a los partidos políticos.
Desde la teoría administrativa y la nueva gerencia política, aplicar criterios de
eficiencia y eficacia al gasto electoral es muy razonable y necesario. Sin embargo,
la administración pública distingue entre costos que generan valor institucional y
costos que representan desperdicio. La pregunta que surge: ¿el recorte del 25%
afecta la capacidad operativa del INE para garantizar elecciones confiables, o
simplemente elimina duplicidades y gastos superfluos? La respuesta a esa
pregunta determinará si estamos ante una reforma eficiente o ante un
debilitamiento encubierto de la autoridad electoral, donde garantizar resultados
es sinónimo de incertidumbre.
- Rediseño Estructural del Congreso: Menos
Representantes, ¿Más Gobernabilidad?
La propuesta modifica significativamente la composición del Poder Legislativo. La
iniciativa plantea reducir el 25% del total de los Senadores, de 128 a 96,
eliminando 32 . En cuanto a la Cámara de Diputados, se mantienen los 500
integrantes: 300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional bajo un
nuevo esquema, eliminar las listas plurinominales, que cada legislador tenga un
respaldo ciudadano directo, como luego dicen, territorio no escritorio.
En administración estratégica, la reducción del tamaño de una estructura
organizacional puede mejorar siempre y cuando impacte en la agilidad en la toma
de decisiones y reducir costos de coordinación. No obstante, en contextos
legislativos, la representatividad y la deliberación son valores que no siempre se
optimizan con la reducción de personal. El diseño de los 200 escaños
proporcionales es innovador: 97 diputados serán seleccionados entre los que no
ganaron, pero obtuvieron los mejores resultados; 95 serán electos por voto
directo por circunscripción; y ocho más representarán a los mexicanos en el
extranjero.
Este modelo híbrido busca combinar representación territorial con pluralidad
política, aunque su implementación logística será uno de los mayores retos
operativos para el INE. Surge la pregunta ¿Quién realmente será el ganón? Los
partidos grandes, el oficialismo o las elites partidistas. - Modernización de Procesos: Tecnología, Fiscalización
y Democracia Digital
La reforma también incorpora componentes de transformación digital que
merecen atención desde la gestión organizacional. Entre los cambios más
relevantes o el más relevante indiscutiblemente el de eliminar el Programa de
Resultados Electorales Preliminar (PREP), que se sustituirá con el cómputo directo,
ya no será posible el ir monitoreando la tendencia de los resultados, se conocerán
de golpe y porrazo, percibiéndose en la noche de la elección una gran
incertidumbre. El argumento principal que plantea la presidenta es la eficiencia,
en 2024 el PREP costo alrededor de 237 millones de pesos.
Así como la regulación del uso de inteligencia artificial y la prohibición de bots en
campañas digitales.
Adicionalmente, el INE tendrá acceso en tiempo real a las operaciones financieras
de partidos y candidatos, prohibiendo aportaciones en efectivo. Este punto
representa un avance significativo en materia de control y transparencia, alineado
con los estándares internacionales de gobernanza electoral, aunque un riesgo
latente que se pudiera presentar acrecentar por la reducción en el financiamiento
a los partidos la intromisión de dinero proveniente de fuentes no licitas.
- Gobernanza y Participación Ciudadana: El
Componente de Legitimidad
Más allá de los números y estructuras, toda reforma estructural sostenible
requiere de legitimidad social. La propuesta de la presidenta busca ampliar la
democracia participativa, incluyendo figuras como referendo, plebiscito, consulta
popular y revocación de mandato en todas las legislaciones locales. Podrá ser
aprobada por los legisladores esto le da el carácter legal, pero la legitimidad la
darán los ciudadanos desde la perspectiva del interaccionismo simbólico.
En términos de administración pública y del análisis de sistemas fortalecer estos
mecanismos de participación ciudadana equivale a ampliar los canales de
retroalimentación del sistema político, lo que en teoría mejora la calidad de las
decisiones gubernamentales y fortalece el vínculo entre el Estado y los
ciudadanos. - Riesgos y Consideraciones Críticas
Ningún análisis político serio puede ignorar los riesgos. Desde una perspectiva
crítica, la reforma presenta al menos tres áreas de tensión:
Concentración contra pluralidad: La eliminación de senadores plurinominales
puede reducir la diversidad ideológica en el Congreso, afectando el equilibrio de
poderes que todo sistema democrático requiere, no perdamos de vista que el
objetivo de la representación proporcional es o era asegurar la diversidad de
opiniones y preferencias políticas de la ciudadanía, y que los partidos políticos
estén representados de manera justa y equitativa. Los partidos aliados del partido
en el poder no vieron con buenos ojos esta propuesta, es una amenaza a su
sobrevivencia.
Capacidad técnica del INE: El INE cuenta con experiencia técnica, operativa y
administrativa acumulada y la aceptación de la ciudadanía lo largo de más de tres
décadas con la creación del IFE, la cual podría verse comprometida si los recortes
presupuestales afectan su personal especializado y su infraestructura tecnológica,
el de transformar las juntas distritales permanentes a temporales impactara a
mas de trece mil empleados.
Exclusión política: La iniciativa mantiene intacta la proscripción de la izquierda
independiente y de las organizaciones de trabajadores, ya que sigue siendo un
sistema cerrado a los partidos registrados. Esto plantea preguntas sobre la
equidad del modelo de representación propuesto. Todo tiende a perpetuar al
partido hoy en el poder, tanto que se criticó y se luchó por una verdadera y
legitima alternancia.
Conclusión
Desde la administración, una reforma de este alcance debe evaluarse no solo por
sus objetivos declarados, sino por su viabilidad operativa, su impacto en los
actores institucionales y su capacidad para generar valor público sostenible. La
propuesta de reforma electoral 2026 contiene elementos técnicamente sólidos en
materia de gasto y modernización, pero enfrenta el reto clásico de toda
transformación institucional: demostrar que la eficiencia y la legitimidad
democrática no son objetivos contrapuestos, sino complementarios.
El verdadero indicador de éxito no será la aprobación legislativa, eso ya lo tienen
prácticamente resuelto, sino la calidad de las elecciones que el nuevo modelo
produzca (Legitimización).
