–Dieron 15 días de gracia a Taddei para poner dinero a salvo
— Ahora resulta que el cochinero en el INE venía de antes
Muy caro les está saliendo a los habitantes de Juaritos el capricho cuauhtemense del alcalde suplente, Héctor Ortiz Orpinel, al tolerar que la empresa Aseo Municipal, propiedad del detenido e investigado Carlos Velázquez, deje de prestar el servicio concesionado en la mitad de la ciudad.
Ya casi se cumplen dos meses desde que la FGR detuvo al empresario y le confiscó 75 camiones que servían para recolectar los residuos urbanos de esta frontera. Desde entonces, Ortiz Orpinel no ha actuado como debería: proceder a la cancelación del contrato por incumplimiento. Por el contrario, ha tolerado a la empresa del Grupo Carvel, permitiendo que el servicio se preste a medias.
Y no solamente en las colonias que le corresponde atender a dicha empresa. Al tener que desviar camiones de las otras dos concesionarias que operan en Juárez, prácticamente toda la ciudad está resintiendo las consecuencias.
Ahora, el servicio de recolección de basura se presta apenas dos días en lugar de tres, lo que provoca el consecuente acumulamiento de desperdicios en las colonias. Eso en el mejor de los casos, porque hay sectores donde los camiones recolectores pasan apenas una vez por semana y en otros, de plano, no pasan ningún día.
Nadie sabe con certeza por qué tanta tolerancia hacia Aseo Municipal, aunque un sinfín de juarenses ya se imaginan el motivo. ¿O no?
Durante todo este tiempo, la administración municipal ha declarado que va a actuar, pero hasta ahora todo ha quedado en puro jarabe de pico. Mientras tanto, que los juarenses se frieguen. ¡Por algo será! Insistimos, ¿O no?
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Fíjese nomás, queridos lectores, que a algunos les dieron prácticamente 15 días de gracia para hacer lo que quisieran con sus dineros y, de paso, ponerlos a buen resguardo fuera del país. ¡Qué considerados!
Y es que apenas ahora la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que depende directamente de Hacienda, decidió bloquear cuentas bancarias de 40 personas relacionadas con proveedores del INE, entre ellas, según reportes periodísticos, Guadalupe Taddei, expresidenta del organismo, y los hermanos Hernández Casillas.
La pregunta es inevitable: ¿por qué tanta tardanza? Los señalamientos sobre presuntas irregularidades en contratos y adquisiciones ya llevaban rato circulando y apenas ahora llegaron las medidas financieras.
Por si fuera poco, la Auditoría Superior de la Federación anunció una revisión histórica de las contrataciones del INE, el extinto IFE y los OPLE, desde el año 2000 hasta 2025. ¡Vaya que hay tela de dónde cortar!
Eso sí, habrá que recordar que los bloqueos son medidas preventivas y no significan culpabilidad. La FGR tendrá que investigar y deslindar responsabilidades.
Pero queda la sospecha política: ¿fue simple lentitud burocrática o hubo tolerancia del actual régimen hacia Guadalupe Taddei y compañía? ¡Quince días pueden ser una eternidad cuando se trata de poner a salvo el dinero!
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La presidenta Claudia Sheinbaum no se cansa de lavarle la cara y las manos a Morena. Ahora resulta que el cochinero electoral no comenzó con Guadalupe Taddei, sino que viene desde los tiempos de Lorenzo Córdova. ¡Vaya manera de repartir culpas! Hoy habrá que ver con qué nueva explicación sale.
Durante la mañanera, la presidenta puso sobre la mesa una investigación que involucra a empresas de los hermanos Hernández Casillas, señaladas por obtener contratos electorales por 2 mil 740 millones de pesos entre 2015 y 2025.
Según su versión, la red se fortaleció durante la presidencia de Córdova en el INE, aunque también hubo contratos durante la gestión de Taddei. Es decir, el problema no desapareció con el cambio de administración.
Pero aquí viene la pregunta incómoda: si los antecedentes de estas empresas se remontan a 1999, ¿por qué no se investigó desde entonces? ¿Qué pasó durante tantos años y por qué nadie quiso meterle mano al asunto?
Y ya encarrerada, Sheinbaum anunció cambios en Talleres Gráficos de México rumbo a 2027.
Por lo pronto, Morena sigue buscando culpables en el pasado, mientras las investigaciones tendrán que aclarar quién hizo qué y quién debe responder. ¡Porque para repartir culpas sí que hay memoria!
