Hallan sin vida al exjuez federal Everardo Maya Arias en Zinacantepec. Su rol en casos como el de Ovidio Guzmán y Abarca desata sospechas de un ataque al poder judicial.
El exjuez federal Everardo Maya Arias, una figura clave en casos de alto impacto como la extradición de Ovidio Guzmán y el proceso contra José Luis Abarca por Ayotzinapa, fue hallado sin vida con un disparo en la cabeza en Zinacantepec, Estado de México. El suceso es visto como un ataque directo al sistema judicial.
La justicia en México ha recibido un golpe brutal y directo. El cuerpo sin vida del exjuez federal Everardo Maya Arias fue encontrado en el municipio de Zinacantepec, Estado de México, en circunstancias que apuntan a una ejecución. Según los primeros reportes, el exjuzgador presentaba un impacto de bala en la cabeza, un sello característico del crimen organizado.
Este no es un homicidio más en la ya larga lista de violencia que azota al país. Everardo Maya Arias no era un ciudadano cualquiera. En su carrera como juez, tuvo en sus manos algunos de los expedientes más explosivos y peligrosos de la historia reciente de México, incluyendo decisiones cruciales en los casos de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín «El Chapo» Guzmán, y de José Luis Abarca, el exalcalde de Iguala implicado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Su muerte, por lo tanto, no puede ser interpretada como un hecho aislado. Es un mensaje. Un mensaje de plomo enviado por los poderes fácticos que desafían al Estado, una advertencia escalofriante para cada juez, magistrado y fiscal que se atreva a tocar sus intereses.
La trayectoria de Maya Arias lo colocó en la línea de fuego. Al manejar casos de tal envergadura, se convirtió inevitablemente en un objetivo para los cárteles y las redes de corrupción política que buscan garantizar la impunidad a toda costa.
- Caso Ovidio Guzmán: El exjuez Maya Arias fue una pieza central en el proceso de extradición de Ovidio Guzmán a Estados Unidos, un golpe sensible a la estructura del Cártel de Sinaloa.
- Caso Abarca-Ayotzinapa: Su participación en el caso del exalcalde Abarca lo adentró en una de las tramas más oscuras de narcopolítica y violación de derechos humanos en la historia del país.
La probabilidad de que su muerte sea una coincidencia es prácticamente nula. Las investigaciones apenas comienzan, pero para la opinión pública y los círculos judiciales, el veredicto ya está dado: fue asesinado por su trabajo.
«Cuando matan a un juez que ha llevado casos de este calibre, no solo silencian a una persona, buscan aterrorizar a todo un sistema. Es un ataque a la soberanía del Estado y a la posibilidad misma de la justicia en México», comentó un magistrado federal que pidió el anonimato.
Más allá de la tragedia personal, el asesinato de un juez tiene un «efecto inhibidor» devastador. Envía una señal a otros operadores de justicia de que hacer su trabajo con rectitud puede costarles la vida. Esto fomenta la corrupción, la autocensura y la parálisis en los casos más importantes, permitiendo que el crimen organizado opere con mayor libertad.
El hallazgo en Zinacantepec, un municipio del Estado de México, también enciende las alarmas sobre la expansión y la audacia de los grupos criminales para operar en el corazón del país, cerca de la capital.
La respuesta del Estado a este asesinato será crucial. Una investigación débil o inconclusa solo confirmará la percepción de impunidad. Se requiere una acción contundente y clara para demostrar que el poder judicial no está solo y que un ataque contra uno de sus miembros es un ataque contra toda la nación. De lo contrario, el mensaje de plomo habrá cumplido su objetivo.
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