Por Carlos Angulo Parra
¿Por qué la presidente Sheinbaum insiste en impulsar una reforma electoral que pocos consideran como necesaria? Interpreto, porque la única persona que la ha solicitado de manera reiterada es el expresidente López Obrador.
Veamos, el 28 de abril de 2022, AMLO, siendo presidente de la República, anunció y envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma constitucional en materia electoral, a la que se le denominó el “Plan A”.
Después de las elecciones intermedias de 2022, cuando morena y sus aliados perdieron la mayoría calificada necesaria para aprobar reformas constitucionales, el 5 de febrero de 2024, AMLO presentó una nueva propuesta de reforma electoral, conocida como el “Plan B”.
La reforma que hoy se impulsa —que más que electoral es política, ya que pretende reconfigurar las instituciones que, con gran esfuerzo, los mexicanos hemos construido para contar con elecciones confiables y una representación adecuada de la pluralidad política del país— tiene como fin satisfacer el apetito de AMLO y de Sheinbaum por lograr que su movimiento permanezca en el poder, sin estar sujeto a los vaivenes de la alternancia en el poder, siempre posible, como lo hemos visto en las pasadas elecciones, que, como consecuencia, pudiere sacar a morena del poder. Considero que ese escenario es intolerable tanto para AMLO como para la presidente.
La reforma pretende, en esencia, lo siguiente:
Debilitar a los organismos electorales, quitándoles su autonomía, para someterlos a las manipulaciones de morena, con el fin de contar con personas incondicionales al régimen que sigan los lineamientos del Ejecutivo en la administración y el arbitraje de las elecciones.
Reducirle el presupuesto al INE, así como recortar sus estructuras administrativas que son clave para el control de los procesos electorales (cabe mencionar que una estrategia similar ya se materializó con la colonización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación).
Debilitar a las minorías políticas, eliminando los mecanismos que les permiten acceder a cargos de elección popular y garantizar su representación política.
Retirar recursos públicos a los partidos políticos, lo que le da gran ventaja a morena para operar con mayor discrecionalidad en el acceso ilegal a recursos públicos, actuando con impunidad gracias al control que se ejerce sobre los organismos electorales y el Tribunal Electoral.
Al hacer esto, nuestra República queda destruida, regresando al esquema de tener un “partido de Estado”, que sea amo y señor de la política en México.
Sí, en efecto, vivimos en ese sistema con el PRI por más de 70 años en México, pero hay que considerar que, ahora, las circunstancias son distintas a las existentes cuando el PRI gobernaba.
En primer lugar, el grado de capacidad para gobernar de este movimiento destructor deja mucho que desear. Nada más veamos las estadísticas de los mejores gobiernos existentes a nivel estatal y municipal, y casi todos los de morena y aliados salen reprobados. En segundo lugar, hay que considerar la alianza del régimen con el crimen organizado, que da un control político inusitado al tener la capacidad de matar, lesionar, extorsionar y amenazar, que los gobiernos del PRI no tuvieron.
Debemos de considerar que el proceso de conformación de la reforma electoral ha sido sin consideración alguna de la oposición. Esto rompe con la tradición política mexicana conforme a la cual toda reforma política o electoral se consensuaba con la oposición. El principal beneficiario de ello fue el propio AMLO en las reformas posteriores al 2006.
Además, debemos de tomar en cuenta que morena actúa siempre bajo la directriz presidencial al legislar, prevaleciendo la consigna de “no le cambien ni una coma” a las propuestas que vienen de Palacio Nacional.
Por todo ello, lo peor que puede pasar es que los partidos de oposición entren en la danza de esta farsa y legitimen el teatro que el gobierno pretende montar para imponer esta reforma, formando parte del proceso legislativo. Su ausencia dejaría claro que esta reforma es una imposición sin legitimidad alguna.
Si se hace la reforma electoral con la asistencia de la oposición ello implicaría un grave retroceso para la República, nos conduciría nuevamente al oscurantismo del autoritarismo sentando las bases de una dictadura, impidiendo todo camino para el crecimiento de México al erosionar la confianza en el gobierno ante la destrucción de nuestras instituciones.
