La detención del exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, ha abierto una nueva grieta en el panismo estatal y colocado a la gobernadora Maru Campos en el centro de la controversia; mientras algunos militantes la señalan por presuntamente dejar desprotegido a quien durante años formó parte de las filas del PAN, otros esperan explicaciones sobre una investigación que amenaza con escalar más allá de un solo funcionario.
El caso ya no se limita al ámbito judicial: también pone a prueba la lealtad, la cohesión y la capacidad de respuesta de Acción Nacional en Chihuahua.
A Jáuregui se le atribuye presuntamente haber autorizado la participación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en territorio chihuahuense, durante un operativo relacionado con el desmantelamiento de un narcolaboratorio en la sierra del estado.
La gravedad del señalamiento obliga a distinguir entre las acusaciones y las responsabilidades que puedan acreditarse mediante una investigación; si hubo una intervención de agentes extranjeros, las preguntas son inevitables: ¿quién la autorizó, bajo qué fundamento legal y qué funcionarios estaban enterados? La transparencia debe estar por encima de cualquier cálculo político.
Mientras tanto, la dirigencia estatal del PAN mantiene una postura que sus propios críticos consideran insuficiente frente a la situación de un antiguo integrante de sus filas; el silencio alimenta las sospechas de que el partido prefiere evitar un choque con Maru Campos antes que fijar una posición clara.
Sin embargo, respaldar a un compañero no significa eximirlo de la ley, del mismo modo que permitir una investigación no debería convertirse en sinónimo de abandono político; lo que la ciudadanía merece son explicaciones, no evasivas ni lealtades condicionadas.
La polémica también revive las comparaciones con la defensa que, según sus críticos, sectores del panismo brindaron al exgobernador panista de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, ante señalamientos relacionados con presunto contrabando de combustible.
Si el partido exige investigaciones y responsabilidades cuando las acusaciones involucran a sus adversarios, debe sostener el mismo estándar cuando los cuestionamientos alcanzan a sus propios cuadros.
De lo contrario, la congruencia se convierte en discurso de ocasión y la justicia parece depender de quién está bajo sospecha y de qué intereses políticos están en juego.
En medio de esta tormenta, Marco Bonilla también queda expuesto a las consecuencias del desgaste interno de Acción Nacional, aunque el alcance de ese impacto todavía está por verse.
La pregunta de fondo es si el gobierno estatal encabeza por Maru Campos conocía los detalles de la presunta participación de agentes estadounidenses y qué papel desempeñó cada funcionario.
Resulta difícil cerrar el debate con la idea de que todo dependió de una sola persona, pero tampoco corresponde atribuir responsabilidades sin pruebas.
Como ocurrió en otras controversias políticas, las exigencias de explicación deben aplicarse por igual.
El tiempo y las investigaciones tendrán que aclarar los hechos; entretanto, el PAN tiene una tarea pendiente: demostrar que sus principios pesan más que la conveniencia de proteger o sacrificar a los suyos.
