Elon Musk anunció su salida del gobierno de Estados Unidos, donde lideraba el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), creado por el presidente Trump para reducir el gasto federal. A través de su red X, el empresario agradeció la oportunidad pero dejó entrever diferencias irreconciliables con la administración.
Durante su gestión, Musk impulsó el recorte de miles de empleos en agencias y canceló más de mil contratos gubernamentales. No obstante, varios informes revelaron que muchas de esas acciones no produjeron los ahorros esperados, sembrando dudas sobre la efectividad de su liderazgo.
Su creciente influencia dentro del gobierno generó fricciones con altos funcionarios, quienes cuestionaron su falta de coordinación y su enfoque empresarial aplicado a la burocracia. Aunque Trump lo respaldó en un inicio, posteriormente restringió su papel a funciones meramente asesoras.
La relación se tensó aún más cuando Musk criticó públicamente la ley fiscal del presidente, apodada el “Big Beautiful Bill”, que combinaba recortes de impuestos con un aumento en el gasto militar. Musk advirtió que eso aumentaría el déficit y contradecía los principios del DOGE.
En mayo de 2025, Musk decidió cortar lazos con el gobierno federal. Aunque ya no ocupa un rol activo, su paso por Washington deja un debate abierto sobre la participación de figuras empresariales en la política pública.
¿Puede el enfoque de eficiencia privada aplicarse a la compleja maquinaria del Estado? La experiencia Musk-Trump sugiere que, al menos por ahora, esa fusión aún tiene muchos retos por resolver.
