Durante la conferencia de prensa matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la atención se centró en las condiciones laborales de las personas que trabajan en aplicaciones de transporte y entrega a domicilio. A pregunta expresa de la prensa sobre presuntas irregularidades fiscales en estas plataformas, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, detalló cómo operan las revisiones oficiales y qué marca la ley cuando se identifican discrepancias entre los ingresos reales y las aportaciones declaradas.
El tema surgió a partir de la intervención de un reportero, quien expuso estimaciones elaboradas por colectivos de conductores de empresas como Uber. De acuerdo con la información expuesta en la mañanera, luego de la entrada en vigor de las reglas para incorporar a este sector a la seguridad social, los propios trabajadores comenzaron a revisar sus talones de pago y comprobantes fiscales.
Al comparar el dinero ganado frente al reporte entregado al Seguro Social, detectaron que las plataformas excluían los incentivos por viajes, los bonos de productividad y las tarifas cobradas en horas de alta demanda. Esta práctica genera un margen de subdeclaración salarial de entre el 19% y el 20%.
Según los datos presentados por el periodista durante el diálogo público, este desfase equivale a una omisión calculada en 83.8 millones de pesos mensuales. A escala anual, la suma roza los 1,000 millones de pesos, afectando de forma directa a cerca de 77,000 trabajadoras y trabajadores que conducen o entregan paquetes mediante estas aplicaciones.
Al responder sobre el caso, Zoé Robledo puntualizó la postura legal del instituto. El funcionario explicó que el marco normativo mexicano es explícito desde el año 2023: el salario base de cotización registrado ante el IMSS debe incluir la totalidad de los recursos que percibe la persona. La norma no permite separar los pagos directos de las gratificaciones o estímulos económicos; todo debe sumarse para calcular las cuotas correspondientes.
Ante el planteamiento periodístico, el titular del IMSS informó que la institución no actúa a partir de suposiciones, sino mediante un proceso de fiscalización riguroso. Actualmente, el Seguro Social mantiene auditorías activas junto con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Estas revisiones abarcan a las 16 empresas de plataformas digitales registradas en el programa.
El procedimiento técnico consiste en cotejar los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) recibidos por las autoridades. El gobierno cuenta con la totalidad de estos recibos electrónicos, lo que le permite comparar centavo a centavo el ingreso reportado en las facturas fiscales contra las cifras notificadas al Seguro Social.
Zoé Robledo detalló el camino legal a seguir si las investigaciones comprueban la existencia de una retención indebida o evasión. De encontrarse faltas a la ley, la plataforma digital involucrada tendrá que sujetarse a los mismos procedimientos que cualquier otra empresa privada en el país:
Reintegrar el salario completo: la empresa deberá corregir el registro laboral reconociendo la totalidad de las percepciones omitidas.
Cubrir las cuotas pendientes: se deberán liquidar las diferencias acumuladas ante el Instituto.
Pagar recargos y multas: la compañía estará obligada a asumir los costos por demora y las sanciones económicas fijadas por la legislación fiscal.
El director del IMSS enfatizó que registrar un sueldo menor al real daña a los trabajadores al momento de requerir una incapacidad por enfermedad o accidente, así como en el cálculo de sus pensiones de retiro. Por esta razón, el Seguro Social mantiene abiertos sus canales para recibir denuncias directas de los repartidores y choferes.
En caso de verificarse que la subdeclaración perjudicó un subsidio médico o una pensión, la plataforma empleadora asumirá la responsabilidad de cubrir la diferencia financiera.
