La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó por unanimidad la solicitud del presidente Andrés Manuel López Obrador, que hizo por medio de la Consejería Jurídica, para resolver primero impugnaciones de 2018 y no el “Plan B” en materia electoral que se aprobó durante su administración.
La presidenta de la Corte, Norma Piña, consultó a todos los ministros integrantes del pleno de la SCJN sobre la petición de la Consejería Jurídica para que el máximo tribunal del país se pronunciara sobre las impugnaciones presentadas en 2018 contra del decreto por el que se expidió la Ley General de Comunicación Social (LGSC).
“Al respecto, las 11 ministras y ministros determinaron por unanimidad que no es factible atender dicha petición, ya que la impugnación presentada en 2023 se listó con fecha fija para el próximo lunes 8 de mayo, en términos de la legislación aplicable, toda vez que se ha tramitado con el carácter de electoral”.
Por esto, el análisis comenzará el próximo lunes y los ministros afirmaron que no habrá sentencias contradictorias ni afectará “los principios de seguridad y certeza jurídica”, ya que se impugnaron procedimientos legislativos que son distintos a los de 2018, a pesar de que se trate de la misma norma (Ley General de Comunicación Social).
“El proyecto relativo a la acción de inconstitucionalidad 52/2018 y sus acumuladas -a la cual no se le dio el trámite de materia electoral-, no ha sido entregado a la Secretaría General de Acuerdos de la SCJN”.
Fue el 3 de mayo cuando el Ejecutivo solicitó a la Corte resolver primero las impugnaciones de hace cinco años a la LGSC, que fue aprobada por el PRI y PAN y solo cuestionada por “una minoría” en el Senado.
“Al dar trámite a la acción de inconstitucionalidad 52/2018 y sus acumuladas 53/2018 y 55/2018, la SCJN consideró que la LGCS impugnada no tenía carácter electoral ni concedió la suspensión solicitada por estimar que era una norma general y abstracta.
“Contrario a lo que ahora se resolvió en la diversa acción de inconstitucionalidad 29/2023 y sus acumuladas, relativa al decreto por el que se reforman las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas, aprobadas en diciembre de 2022 (Plan B)”, argumentó la Consejería.
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