Un ciudadano mexicano identificado como Eduardo Aguilar, de 23 años, fue detenido en Dallas tras ser acusado de utilizar TikTok para ofrecer dinero a cambio de asesinar a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), según informó la Fiscalía Federal del Distrito Norte de Texas.
El joven enfrenta cargos federales por transmitir amenazas a través de medios interestatales o extranjeros, un delito que podría costarle hasta cinco años de prisión.
De acuerdo con la declaración jurada de causa probable, Aguilar publicó el pasado 9 de octubre un video en el que mostraba una fotografía de Dallas acompañada de un texto en español que decía:
“Necesito 10 tipos en Dallas con agallas que no tengan miedo de matar”, seguido de dos emojis de calavera.
Las autoridades aseguran que el acusado ofreció 10 mil dólares por cada agente del ICE asesinado y que la cuenta de TikTok fue rastreada hasta su identidad.
El FBI en Dallas, en coordinación con la policía local, realizó el arresto el 14 de octubre, hallando en su vehículo una pistola de 9 milímetros. Esto agrava su situación migratoria, ya que en Estados Unidos las personas sin estatus legal tienen prohibido poseer armas de fuego.
Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Aguilar ingresó al país en 2018 como menor no acompañado y tenía una orden de deportación desde 2019.
La fiscal federal interina, Nancy E. Larson, declaró que “las amenazas contra nuestros agentes del orden público son completamente inaceptables. Todas las amenazas serán investigadas exhaustivamente, y cualquiera que ofrezca una recompensa será arrestado y procesado con todo el rigor posible”.
El caso ocurre mientras el DHS investiga una red de violencia impulsada por cárteles mexicanos y pandillas contra funcionarios federales.
Según un informe citado por medios estadounidenses, las organizaciones criminales ofrecen recompensas que van desde 2 mil hasta 50 mil dólares, dependiendo del tipo de agresión.
La secretaria del DHS, Kristi Noem, advirtió que “estas redes criminales están llevando a cabo una campaña organizada de terror contra los valientes hombres y mujeres que protegen nuestras fronteras”.
El caso coincide con una disputa legal sobre el uso de la Guardia Nacional en Chicago para proteger instalaciones migratorias. La jueza April Perry bloqueó temporalmente el despliegue, al considerar que “podría provocar disturbios civiles”.
