El canciller colombiano reclamó el miércoles al gobierno de Joe Biden por nombrar al hijo mayor y al hermano del presidente Gustavo Petro —ambos investigados por la fiscalía colombiana— en un apartado de corrupción de su informe anual sobre derechos humanos.
“En ese informe, en una línea, se singulariza al hijo del presidente y al hermano del presidente, eso afecta el buen nombre, pero también el debido proceso”, señaló a la prensa en Bogotá el canciller Gilberto Murillo.
El documento del Departamento de Estado de Estados Unidos, disponible desde el lunes, nombra a los familiares del mandatario en su apartado sobre “corrupción en el gobierno” e indica que la fiscalía abrió investigaciones contra ambos “por presuntamente aceptar pagos irregulares, algunos de los cuales supuestamente financiaron la campaña 2022 de Petro”.
Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente, enfrenta una investigación a punto de entrar en etapa de juicio por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. En tanto, el hermano mandatario, Juan Fernando Petro, afronta una investigación por posibles ofrecimientos indebidos a presos.
La víspera, el gobierno colombiano emitió una nota diplomática de protesta al gobierno de Estados Unidos por las declaraciones de Vedant Patel, portavoz adjunto del Departamento de Estado, quien dijo que el informe recoge varias violaciones de derechos humanos que aportan organizaciones sin fines de lucro, embajadas y la sociedad civil que se consideran “creíbles”.
“Sus afirmaciones desconocen e irrespetan el apego de las instituciones colombianas al principio del debido proceso y su compromiso en la lucha contra la corrupción y la impunidad”, señaló la Cancillería en un comunicado.
En la conferencia de prensa diaria del Departamento de Estado del miércoles, Patel dijo que no debería haber “confusión” con sus declaraciones y que el informe recoge una investigación de dominio público que lleva a cabo la fiscalía colombiana. Sin embargo, aseguró que la inclusión en el informe de cualquier entrada no denota “ningún tipo de investigación o evaluación” por parte del gobierno estadounidense.
Murillo, por su parte, indicó que la nota diplomática de protesta no implica un “choque diplomático” entre los dos países que continúan siendo “aliados estratégicos” en la región. Sin embargo, indicó que se trata de una “injerencia indebida”.
“Nosotros no nos referimos a estos temas internos de Estados Unidos. Nunca hemos hablado de las investigaciones que se dan en Estados Unidos de hijos de presidentes, de expresidentes o de campañas. No, porque es una injerencia indebida”, recalcó el diplomático.
La investigación contra el hijo de Petro comenzó tras las denuncias de su exesposa, quien afirmó que habría recibido dinero para la campaña presidencial de su padre, pero se habría quedado con esos recursos. La fiscalía lo ha señalado de incrementar ilegalmente su patrimonio, lo que Petro Burgos ha negado.
El hermano del presidente, por su parte, ha dicho que es inocente y es investigado por presuntamente estar relacionado con negociaciones que hacía un grupo de abogados con personas presas a las que les habrían ofrecido beneficios como la no extradición o la rebaja de penas dentro de la política gubernamental con la que el presidente busca diálogos con grupos armados.
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