Por Jesús García Galaviz
A un año de la aprobación de la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Publica en México (marzo de 2025) aunado a la desaparición del órgano autónomo Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el balance no es simple ni uniforme. La reforma, presentada como un esfuerzo por simplificar estructuras y modernizar el acceso a la información, ha generado avances administrativos, pero también ha encendido alertas en torno a la rendición de cuentas y la calidad democrática.
En el plano institucional, los cambios han implicado una reconfiguración importante del sistema de transparencia. La concentración de funciones en el aparato gubernamental ha permitido, en algunos casos, reducir duplicidades y agilizar procesos. Sin embargo, esta misma centralización plantea dudas legítimas sobre la pérdida de autonomía de organismos clave y el debilitamiento de los contrapesos. La experiencia internacional demuestra que la independencia de las instituciones garantes de la transparencia no es un lujo, sino una condición necesaria para la vigilancia efectiva del poder como pilar esencial de la rendición de cuentas. El órgano garante según la nueva Ley recae en una Secretaria de Estado la de Anticorrupción y Buen Gobierno y en órgano interno ‘’Transparencia para el Pueblo’’ dependientes totalmente del Poder Ejecutivo, lo que da origen a una gran incertidumbre sobre la aplicación de la ley , total discrecionalidad del Ejecutivo.
En cuanto al acceso a la información, los resultados son mixtos. Por un lado, se han impulsado mecanismos digitales que facilitan ciertos trámites; por otro, persisten reportes de retrasos, restricciones y ambigüedades en las respuestas a solicitudes ciudadanas. La transparencia no se mide únicamente por la existencia de plataformas, sino por la calidad, oportunidad y completitud de la información entregada. Un punto muy importante y delicado es lo relacionado como información reservada que podrá clasificarse aquella cuya publicación comprometa la seguridad nacional, la seguridad publica, la defensa nacional o la paz social esto según le artículo 1123 de esta ley. Esto se escucha muy bonito, pero volvemos a la discrecionalidad con que los órganos garantes podrán determinar bajo su criterio y no propiamente el del interés nacional, nomas hay que echarles un vistazo a las obras icónicas del pasado sexenio y continuadas por actual.
El impacto democrático es quizá el más delicado. La transparencia es el puente entre el gobierno y la ciudadanía; sin ella, la confianza se erosiona. La posibilidad de fiscalizar decisiones públicas, especialmente en contextos electorales y de alta competencia política, depende de reglas claras y de instituciones fuertes. En este sentido, las modificaciones recientes han abierto un debate necesario sobre el equilibrio entre eficiencia gubernamental y control ciudadano.
En el ámbito económico, la certidumbre es clave. Los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, valoran entornos donde la información es accesible y confiable. Cualquier percepción de opacidad puede traducirse en cautela, o incluso en la reorientación de inversiones hacia contextos más predecibles.
Finalmente, en el plano social, la transparencia no es un concepto abstracto, sino una herramienta cotidiana. Permite a los ciudadanos conocer, cuestionar y participar. Cuando el acceso a la información se vuelve más complejo o limitado, también se reduce la capacidad de la sociedad para incidir en los asuntos públicos.
El reto, entonces, no es elegir entre eficiencia y transparencia, sino encontrar el punto de equilibrio. Una reforma que aspire a fortalecer al Estado debe, al mismo tiempo, fortalecer a la ciudadanía. Porque en una democracia sólida, la información no se administra: se garantiza.
El acceso a la información es un derecho humano consagrado en nuestra Constitución que de ninguna forma debe de trastocarse, está en la ciudadanía el seguir velando porque este derecho siga subsistiendo, control ciudadano sobre los gobernantes (Rendición de cuentas Vertical) y vigilar que los tres pilares de la rendición de cuentas se mantengan vigentes(Información, Justificación y Sanción).
