A finales de septiembre o principios de octubre, el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de Naciones Unidas determinará si lleva el caso de las desapariciones en México ante la Asamblea General de la ONU. El organismo sesionará del 29 de septiembre al 3 de octubre, y el tema de México será uno de los ejes centrales.
Este comité, conformado por 10 expertos independientes, vigila el cumplimiento de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas por parte de los países firmantes.
En el caso de México, el gobierno, a través de las secretarías de Gobernación (Segob) y Relaciones Exteriores (SRE), mantiene una negociación activa con el CED desde el 5 de abril.
El gobierno de México mantiene cooperación sostenida con el organismo internacional y está dispuesto a analizar su solicitud y reportar acciones y programas para atender y combatir las desapariciones”, indicó la Segob mediante una tarjeta informativa.
Además, reiteró su compromiso de proporcionar “información fidedigna sobre el contexto actual en el País”.
De acuerdo con expertos, si México no logra un acuerdo con el comité antes de la votación en la Asamblea, el gobierno de Claudia Sheinbaum deberá pactar directamente con el secretario general de la ONU, António Guterres. Solo así podrá evitar que la Asamblea General se pronuncie con base en una decisión unilateral del CED.
Si el Estado mexicano persiste en rechazar el diagnóstico del comité y continúa negando una crisis de desapariciones, el caso podría escalar a instancias como la Corte Penal Internacional o la Corte Internacional de Justicia.
Actualmente, el CED elabora una batería de preguntas y solicitudes de información para el gobierno mexicano. Este ejercicio busca clarificar las acciones emprendidas por el Estado en materia de prevención y erradicación de desapariciones, con miras a construir un diagnóstico preciso.
El pasado 4 de abril, el CED activó el procedimiento del artículo 34 de la Convención, señalando que en México podrían estarse cometiendo desapariciones forzadas de manera generalizada o sistemática.
Recibimos informaciones que, en nuestra opinión, contienen fundamentos suficientes para sostener que la desaparición forzada se lleva a cabo de manera general o sistemática en el territorio mexicano”, dijo Olivier de Frouville, presidente del comité.
La respuesta oficial no se hizo esperar. La Secretaría de Gobernación negó tajantemente que exista una política de Estado para desaparecer personas. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) calificó la postura del comité como “descontextualizada”, mientras que la presidenta Sheinbaum afirmó: “En México no hay desaparición forzada desde el Estado, eso no existe”.
El Senado mexicano aprobó un pronunciamiento solicitando la destitución de Olivier de Frouville.
El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, calificó al comité de “irresponsable”.
Activistas y organismos internacionales mantienen su presión sobre el gobierno mexicano.
Según Michael Chamberlin, activista y exconsejero de la CNDH, el gobierno está abordando el asunto como si se tratara de un ataque directo:
La respuesta del Estado debería enfocarse en construir soluciones, no en defenderse”.
Añadió que el diagnóstico del comité busca determinar si el caso merece ser llevado al pleno de la ONU, más allá de confirmar la sistematicidad de las desapariciones.
Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, advierte que si el tema llega a la Asamblea General:
El Estado deberá explicar no solo las acciones para impedir desapariciones por agentes del Estado, sino también sus esfuerzos para la búsqueda y justicia.
México no podrá negociar políticamente la postura del CED, ya que sus integrantes son expertos independientes.
Además, Olivares subraya la relevancia del momento:
El problema no es lo que piense la ONU, sino lo que sienten las víctimas. En México hay más de 127 mil personas desaparecidas. Negar la realidad solo profundiza su dolor”.
ElImparcial
