Por Jesús García Galaviz
Un tablero que ya se mueve
A casi un año de que se formalice el proceso electoral, la sucesión en Chihuahua ha dejado de ser un ejercicio especulativo para convertirse en una disputa con nombres, licencias solicitadas y estructuras en movimiento. La gobernadora María Eugenia Campos Galván llega al último tramo de su mandato en un estado donde dos bloques el oficialismo panista y el avance de Morena se disputan la sucesión con márgenes cada vez más estrechos, según coinciden las mediciones de Cripeso, MITOFSKY y GobernArte levantadas entre 2025 y 2026. En todas ellas se repite un mismo diagnóstico: la inseguridad y la violencia concentran entre el 39% y el 45% de las menciones ciudadanas como problema principal, seguidas de la corrupción y la falta de transparencia, con cifras que en algunos levantamientos superan el 30%. Cualquier análisis serio sobre el perfil idóneo para gobernar el estado debe partir de esa doble exigencia social, no de las preferencias partidistas por sí solas.
El tablero de Morena: juventud mediática frente a experiencia acumulada
Dentro de Morena, la contienda interna se ha polarizado entre dos perfiles con lógicas casi opuestas. Andrea Chávez Treviño, senadora con licencia nacida en 1997, ha construido en poco más de dos años una proyección estatal apoyada en una intensa estrategia de comunicación desde brigadas médicas hasta cafeterías móviles con su imagen y en el respaldo explícito de figuras nacionales del movimiento. Su fortaleza es evidente: es la aspirante con mayor reconocimiento en las encuestas internas del oficialismo federal, con cifras que rondan el 33-35% frente a sus contendientes. Su vulnerabilidad, sin embargo, no es menor: ha enfrentado señalamientos sobre inconsistencias en su currículum de proyección internacional, una controversia por el uso de una aeronave de la SEDENA y cuestionamientos del PAN estatal sobre el financiamiento de sus brigadas de salud previas a la contienda formal. Se trata, en síntesis, de un perfil con enorme capital político-mediático, pero con una trayectoria de gestión ejecutiva todavía breve dos años como diputada federal y poco más de uno como senadora, sin haber administrado nunca una dependencia de gobierno.
El otro polo morenista es Cruz Pérez Cuéllar, alcalde con licencia de Ciudad Juárez, cuya trayectoria de tres décadas diputado local, diputado federal en dos ocasiones, senador, dirigente estatal del PAN en dos periodos y, tras su salida de ese partido en 2015, senador y alcalde por Morena representa el extremo opuesto: un cuadro de experiencia institucional extensa, pero con un historial de migración partidista (PAN, Movimiento Ciudadano, Morena) que puede leerse tanto como pragmatismo político como oportunismo, según el ángulo de análisis. A su favor cuenta obra pública documentada en Ciudad Juárez y una gestión de finanzas municipales sin contratación de deuda; en su contra pesa un intento de desafuero en 2020 por presuntos vínculos con la llamada nómina secreta del gobierno de César Duarte desestimado por la Cámara de Diputados y episodios recientes de tensión con la libertad de expresión en su municipio.
El tablero del PAN: el heredero de la gestión municipal
En el bloque panista, la carta más sólida es Marco Bonilla Mendoza, alcalde reelecto de la capital del estado y considerado por el Comité Ejecutivo Nacional del PAN como el perfil con mayor viabilidad electoral. Su gestión municipal exhibe indicadores verificables: la capital obtuvo la calificación más alta a nivel nacional en transparencia según CIMTRA-CEPAC, certificaciones internacionales de gestión financiera (PEFA Check) y calificaciones crediticias sobresalientes de Fitch y HR Ratings. Bonilla representa, en términos de perfil técnico, el modelo más cercano al de un gestor de resultados medibles antes que al de una figura de proyección discursiva. Su principal vulnerabilidad política es distinta a la de sus contrapartes morenistas: al ser identificado como el heredero directo del grupo político de la gobernadora Campos, su candidatura carga con la evaluación favorable o desfavorable, según el elector de la administración estatal saliente, en un contexto donde el desgaste natural de doce años de gobierno panista es un factor que las propias encuestas registran como relevante.
Lo que debería pesar más que la marca partidista
De la revisión de estos tres perfiles y de otros de segundo orden, como el priista Juan Antonio Meléndez, cuya fuerza partidista se mantiene por debajo del 10% en todas las mediciones disponibles se desprenden con claridad los atributos que un análisis técnico, y no meramente electoral, debería exigir al próximo gobernador o gobernadora de Chihuahua:
Gestión ejecutiva verificable. La experiencia legislativa aporta capacidad de negociación política, pero no sustituye la prueba de haber administrado presupuesto, nómina y resultados de una dependencia de gobierno. De los tres perfiles principales, solo dos Bonilla y Pérez Cuéllar cuentan con esa credencial en el ámbito ejecutivo, aunque a escalas y con resultados de distinta naturaleza.
Solvencia frente al escrutinio. En un estado donde la corrupción es la segunda preocupación ciudadana, la trayectoria de cada aspirante frente a señalamientos de opacidad reales o en disputa judicial será determinante para la credibilidad de cualquier promesa de transparencia. Ninguno de los tres perfiles analizados llega libre de controversias en este rubro, lo cual reduce el margen de diferenciación moral entre ellos y traslada la discusión al terreno de los hechos comprobables.
Capacidad de gestión de la crisis de seguridad a escala estatal, no solo municipal. Tanto Bonilla como Pérez Cuéllar pueden mostrar resultados locales en sus respectivos municipios, pero gobernar Chihuahua exige articular estrategias diferenciadas para realidades tan distintas como la frontera con Estados Unidos, la Sierra Tarahumara y el corredor industrial central, algo que ninguna gestión municipal, por exitosa que sea, prueba por sí sola.
Autonomía frente a las estructuras de poder que lo postulan. Tanto la candidatura panista como la morenista arrastrarán, en mayor o menor medida, la sombra de los liderazgos que las impulsan la gobernadora saliente en un caso, la dirigencia nacional y las figuras de la 4T en el otro. La capacidad real de gobernar con autonomía frente a esos padrinazgos será, en la práctica, tan relevante como cualquier propuesta de campaña.
Conclusión
El próximo gobernador de Chihuahua heredará un estado donde la ciudadanía ha dejado de premiar automáticamente el discurso y exige, con cifras concretas en las encuestas, resultados verificables en seguridad y transparencia. Ni la proyección mediática de Andrea Chávez, ni la experiencia institucional acumulada de Cruz Pérez Cuéllar, ni el historial de gestión de Marco Bonilla resuelven por sí solos esa ecuación. El perfil idóneo más allá del color partidista que finalmente resulte ganador el 6 de junio de 2027 será aquel capaz de combinar resultados administrativos comprobables con una trayectoria de integridad sostenible al escrutinio público, y con la habilidad política para gobernar un estado fronterizo, industrial y serrano a la vez, sin depender exclusivamente de las estructuras que lo llevaron al poder.
Finalmente, el candidato idóneo deberá tener la capacidad de poder unir a todos los Chihuahuenses en tormo a un proyecto institucional donde se integre a todas las fuerzas políticas, económicas y sociales del Estado, la polarización ya no es opción.
