La disputa política entre Morena y el PAN en Chihuahua comienza a subir de tono y ahora llega formalmente a la cancha electoral. Cruz Pérez Cuéllar decidió llevar ante el Instituto Estatal Electoral (IEE) sus diferencias con la dirigente estatal del PAN, Daniela Álvarez, y la diputada Joceline Vega, a quienes acusa de haberlo señalado públicamente como “narco coordinador” y de atribuirle presuntos vínculos con el crimen organizado. El morenista presentó las denuncias por calumnia electoral y anunció que también recurrirá a la vía civil por daño moral. Más allá de quién tenga la razón jurídica, el episodio revela hasta dónde están dispuestos a llegar los partidos cuando la contienda de 2026-2027 comienza a calentarse.
Pérez Cuéllar sostiene que los señalamientos carecen de sustento y forman parte de una estrategia política destinada a golpear su imagen y afectar sus aspiraciones. Por ello, solicitó al IEE medidas cautelares y tutela preventiva para evitar que las expresiones continúen. Pero también conviene mirar el otro lado de la moneda: en una democracia, la crítica política, incluso la más dura, forma parte del debate público; lo que corresponde ahora determinar es cuándo una acusación deja de ser una opinión o una postura partidista y se convierte jurídicamente en una conducta sancionable. La autoridad electoral tendrá que analizar las expresiones concretas, su contexto y las pruebas aportadas, sin convertirse en árbitro de las descalificaciones políticas.
Lo cierto es que el pleito apenas comienza. Si Morena y PAN pretenden convertir la próxima elección en una batalla de acusaciones personales, la ciudadanía merece algo más que una guerra de declaraciones, denuncias y contra-denuncias. Pérez Cuéllar afirma que defenderá su nombre y el de su familia, mientras que sus adversarios políticos tendrán que responder por lo que han dicho y, en su caso, demostrarlo. Al final, serán las autoridades las que determinen si hubo calumnia electoral, pero también será el electorado quien juzgue una disputa que cada día se parece menos a una confrontación de propuestas y más a una pelea anticipada por el poder.
Mientras el discurso oficial insiste en que el sistema de salud avanza y se fortalece, en hospitales y clínicas públicas la realidad cotidiana parece contar una historia muy distinta; la falta de medicamentos e insumos, la escasez de personal especializado y no especializado, así como las deficiencias en infraestructura, se han convertido en problemas recurrentes que alcanzan a instituciones como Pensiones Civiles del Estado y, de manera particularmente visible, al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Ignorar esta situación no la hace desaparecer; por el contrario, puede profundizar un problema que comienza a tener consecuencias sociales y políticas.
Para los derechohabientes, el problema no se limita a no encontrar un medicamento en la farmacia; también están las largas esperas para conseguir una consulta con un especialista, ser programado para un estudio médico o acceder a una intervención quirúrgica; cada día de espera representa incertidumbre para quienes dependen de los servicios públicos de salud y, en muchos casos, un desgaste físico y económico para las familias; lo que ocurre actualmente en el IMSS podría ser apenas la parte visible de un problema mucho mayor que, de no atenderse, puede terminar por generar un choque cada vez más fuerte entre las necesidades de la población y la capacidad de respuesta del Estado.
La pregunta inevitable es cuánto tiempo puede mantenerse esta situación sin que llegue la factura política y social; la llamada Cuarta Transformación tendrá que asumir, tarde o temprano, el costo de las decisiones tomadas en materia de salud si las carencias continúan acumulándose y no existe una respuesta suficiente para quienes todos los días hacen largas filas, esperan meses por una cita o buscan medicamentos que simplemente no están disponibles; porque el llamado “pueblo bueno y sabio” también tiene derecho a exigir algo más que un programa del Bienestar: tiene derecho a recibir servicios de salud oportunos, dignos y eficientes.
Ocho años después de que la llamada Cuarta Transformación asumiera el poder, las deficiencias del sistema de salud pública siguen siendo una asignatura pendiente que difícilmente puede explicarse únicamente con los errores de administraciones anteriores. Siempre existe la posibilidad de responsabilizar a los gobiernos “neoliberales”, desde Carlos Salinas hasta Felipe Calderón, o incluso señalar a factores externos y adversarios políticos, pero el argumento comienza a perder fuerza cuando los problemas se mantienen y afectan directamente a millones de mexicanos que necesitan medicamentos, consultas, estudios, cirugías y atención médica oportuna.
El contraste resulta todavía más evidente al recordar las promesas de transformación del sistema sanitario. Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se habló de construir un modelo de salud semejante al de Dinamarca, mientras que la realidad que enfrentan muchos derechohabientes parece estar muy lejos de aquella expectativa. La falta de medicamentos, las carencias de personal, las instalaciones insuficientes y las prolongadas esperas para recibir atención no son solamente cifras o argumentos de oposición: son problemas que viven diariamente los pacientes y sus familias. Y si la responsabilidad de gobernar ya está en manos de la actual administración, también lo está la obligación de encontrar soluciones.
Y mientras tanto, queda la duda de hasta cuándo el llamado “pueblo bueno y sabio” seguirá aceptando explicaciones que apuntan permanentemente hacia el pasado o hacia enemigos externos.
Si las encuestas y los procesos electorales continúan otorgando respaldo a Morena, ese apoyo también implica una responsabilidad ciudadana: exigir que las promesas se conviertan en resultados: porque en materia de salud no hay ideologías que curen ni discursos que sustituyan un medicamento, una consulta o una cirugía; al final, la realidad de los hospitales termina imponiéndose sobre cualquier narrativa política.
La absolución de Francisco Garduño, excomisionado del Instituto Nacional de Migración, vuelve a colocar frente al espejo al Estado mexicano por uno de los episodios más dolorosos registrados en Ciudad Juárez. El incendio ocurrido en la estación migratoria, que dejó 40 personas migrantes fallecidas y 27 sobrevivientes con secuelas, no solo dejó una tragedia humana, sino también una pregunta que permanece abierta: ¿quién asumirá plenamente la responsabilidad por lo ocurrido? Ante la decisión de un juez federal, la presidenta Claudia Sheinbaum optó por señalar que Garduño no volverá a ser juzgado por estos hechos y que corresponde a los representantes legales de las víctimas inconformarse, una postura que inevitablemente genera cuestionamientos entre quienes todavía esperan justicia.
Más allá de las resoluciones judiciales, resulta difícil ignorar la percepción de que la responsabilidad puede terminar recayendo en los eslabones más débiles de la cadena. El personal de seguridad, empleados de menor rango o incluso quienes se encontraban atrapados dentro de aquella estación migratoria han quedado vinculados de distintas maneras a una tragedia cuyas dimensiones trascienden cualquier responsabilidad individual. Mientras tanto, quien ocupaba la titularidad del Instituto Nacional de Migración quedó fuera de la posibilidad de enfrentar nuevamente un proceso por estos hechos. La pregunta entonces es si las instituciones están realmente llegando hasta quienes tenían mayores responsabilidades de mando y supervisión.
Para Ciudad Juárez y, sobre todo, para las familias de las 40 víctimas y los 27 sobrevivientes, el expediente difícilmente puede reducirse a una resolución judicial más. La tragedia ocurrió bajo la responsabilidad de instituciones del Estado y dejó heridas que todavía no cicatrizan. Si los familiares consideran que la decisión debe ser impugnada, tendrán que recurrir a las vías legales correspondientes, pero la sociedad también tiene derecho a exigir que la rendición de cuentas alcance todos los niveles de responsabilidad. Porque si al final el hilo vuelve a romperse por lo más delgado, quedará una sensación todavía más dolorosa: que hubo una tragedia enorme, pero la justicia terminó siendo demasiado pequeña frente a ella.
