La Corte Suprema de Texas ha allanado el camino para la ejecución de Robert Roberson, un hombre autista condenado por la muerte de su hija, un crimen que él niega haber cometido. El caso, que ha generado controversia, involucra a Roberson, quien fue condenado en 2003 por la muerte de su hija Nikki, de dos años. Según el diagnóstico, Nikki sufrió el «síndrome del niño sacudido», pero la defensa de Roberson sostiene que el diagnóstico, utilizado en su contra, ha sido desacreditado por la ciencia moderna como «ciencia basura» y que la causa real de la muerte fue una neumonía.
El caso tomó un giro importante cuando el Parlamento de Texas solicitó una nueva revisión, pidiendo la suspensión de la ejecución mientras se investiga el uso de teorías científicas obsoletas en su condena. Sin embargo, el Fiscal General del estado, Ken Paxton, argumentó que solo el gobernador de Texas podía detener la ejecución, lo que llevó a un enfrentamiento entre las autoridades estatales y la comisión legislativa.
El juez de la Corte Suprema de Texas, Evan Young, resolvió que la citación legislativa no tenía el poder de suspender la ejecución y que, por lo tanto, Roberson debía ser ejecutado según el proceso legal previsto. Esto ha generado un debate sobre el equilibrio de poderes en el estado y la posibilidad de que una citación legislativa pueda interferir con los procedimientos judiciales.
La defensa de Roberson continúa luchando para evitar su ejecución, citando su condición de autismo, que no fue diagnosticada hasta 2018, y el testimonio de expertos que cuestionan la validez del diagnóstico médico que lo condenó. La abogada Gretchen Sween expresó su esperanza de que el retraso en la ejecución ofrezca tiempo para corregir un error judicial y salvar la vida de un hombre que, según ella, es inocente.
En el contexto de este caso, Estados Unidos ha continuado con la práctica de la pena de muerte, con 21 ejecuciones realizadas en lo que va del año. El caso de Roberson destaca las crecientes preocupaciones sobre la equidad y la justicia en los procedimientos penales, especialmente cuando se involucra a personas con discapacidades.
