El controversial comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, ya casi brinca el proceso penal que se le sigue por su presunta responsabilidad en la tragedia de la estación de migración en donde murieron 40 migrantes en marzo de 2023.
Ayer, un juez federal lo liberó del proceso penal bajo suspensión condicional. Aunque sigue acusado por ejercicio indebido de funciones, no recibirá una pena inmediata si cumple con las condiciones establecidas por el juez en un lapso de 18 meses.
Para resolver esta situación, Garduño deberá cumplir con ciertas obligaciones y condiciones que se le han impuesto. De esta manera, podrá evitar la acusación de ejercicio ilícito del servicio público sin enfrentar un juicio formal o una pena de cárcel.
Las condiciones impuestas por el juez son: ofrecer una disculpa pública, residir en el mismo domicilio, completar las indemnizaciones a los familiares de las víctimas, asistir a talleres de derechos humanos y verificar la seguridad en los centros migratorios cada tres meses. Facilita, ¿no?
Durante su proceso, este funcionario utilizó todos los beneficios de seguir como comisionado del INM y fue acusado de usar recursos públicos para su defensa.
Además, fue protegido completamente por el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su mandato y continuó bajo la protección de la Cuarta Transformación con la presidenta Claudia Sheinbaum, quien no lo ha destituido a pesar de que estuvo sujeto a un proceso legal.
Ayer, Francisco Garduño llegó a Ciudad Juárez con sus abogados y evitó a la prensa. Tras la audiencia, más relajado y sonriente, habló con los periodistas.
Antes de la última audiencia, activistas y críticos protestaron públicamente, exigiendo justicia para las víctimas y una sanción ejemplar para Garduño, responsable de la estación donde murieron los migrantes por intoxicación con monóxido de carbono en un incendio.
Todavía ayer, un grupo de mujeres y hombres se congregaron frente a las instalaciones del Poder Judicial de la Federación para manifestar su protesta y requerir justicia.
Tras conocerse la decisión del juez, en todo el país se suscitó un torrente de controversia y preocupación sobre la justicia y la rendición de cuentas por esta lamentable tragedia de la muerte de 40 migrantes en la estación migratoria del INM.
Muchos consideran que el presidente López Obrador y Claudia Sheinbaum usaron su poder para proteger a Garduño, evitando que fuera encarcelado o destituido.
Francisco Garduño, al frente del INM desde 2019, ha enfrentado controversias. Durante su mandato, se han registrado al menos 14 incendios en estaciones migratorias. A pesar de las demandas de reforma y mejora en las condiciones de los migrantes, se le acusa de negligencia en la implementación de medidas preventivas.
La noticia de la suspensión condicional recorrió todo el país y ha generado una ola de indignación entre activistas y familiares de las víctimas, quienes consideran que esto representa una burla a la justicia.
Ahora la exigencia de justicia sigue y es clara: no debe haber impunidad para aquellos que, por acción u omisión, han contribuido a la pérdida de vidas humanas.