–Gringos le destapan cloaca de narcoestado a Morena
–Respiran en tierra culichi; esperan que caiga Rocha Moya
–Jáuregui vuelve a la jugada por la alcaldía de Chihuahua
Las acusaciones formales lanzadas por el gobierno de Estados Unidos, bajo el mando de Trump, contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios ligados a Morena, han desatado una crisis que, la neta, nunca se había visto en México.
En un documento de 34 páginas que filtraron las autoridades gringas, se detallan supuestos vínculos entre los funcionarios y el cártel de Sinaloa, especialmente con el grupo conocido como “Los Chapitos”.
El meollo de la acusación se centra en la supuesta intervención del crimen organizado en las elecciones de Sinaloa, donde se dice que “Los Chapitos” le echaron la mano a Rocha Moya para ganar, con robo de papeletas, secuestros y amenazas a los candidatos rivales.
Además, se dice que el gobernador hasta fue a reuniones con los jefes del cártel, prometiendo apoyo y dejando que el narco operara con total impunidad.
Funcionarios afines al cártel fueron colocados en puestos clave dentro del gobierno estatal y de las agencias de seguridad, y hasta la policía estatal, según dicen, recibió la orden de no meterse ni tantito en delitos electorales y amenazas el día de las elecciones.
Los sobornos mensuales a funcionarios, que iban de 100 mil hasta 300 mil pesos, muestran lo hondo que, según esto, está la corrupción.
La acusación también incluye a Juan Manuel Valenzuela Millán, ex comandante de la policía, quien habría entregado a un informante de la DEA al cártel, y pues, eso terminó en el asesinato del informante.
Entre los acusados están políticos de peso, como Enrique Inzunza Cázares, Juan de Dios Gámez Mendí y otros colaboradores cercanos a Rocha Moya.
Los delitos que se mencionan incluyen asociación delictuosa para importar narcóticos, posesión de armas pesadas y asociación para tener artefactos destructivos.
Las penas que se contemplan van desde 40 años de cárcel hasta cadena perpetua, lo que deja claro que Estados Unidos se está tomando el asunto muy en serio.
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Las respuestas de los acusados y del gobierno mexicano llegaron rapidísimo. Rocha Moya y otros funcionarios rechazaron rotundamente las acusaciones en redes, diciendo que no tienen pies ni cabeza y que son puro ataque contra la Cuarta Transformación.
La Secretaría de Relaciones Exteriores y la Fiscalía General de la República dijeron que no hay pruebas suficientes para extraditar a nadie, y que la información debió ser confidencial.
Morena y sus líderes, por su parte, criticaron cómo la embajada de Estados Unidos dio a conocer la acusación y reafirmaron que no hay pruebas suficientes.
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La oposición, representada por el PRI y el PAN, no se anduvo con rodeos y llamó a Morena “narco partido”, exigiendo que se evalúe de inmediato la desaparición de poderes en Sinaloa.
Movimiento Ciudadano pidió que el gobierno federal se deslinde de Rocha Moya y deje que lo investiguen. En el Senado, hubo agarrones entre panistas y morenistas, y hasta trataron de evitar que se discutiera el tema.
La COPARMEX de Sinaloa le pidió a la presidenta Sheinbaum que atienda la bronca y no deje el estado abandonado.
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El ambiente político está calientísimo. La acusación llega justo cuando el gobierno federal mexicano le echó la bronca a la gobernadora de Chihuahua por colaborar con agentes de estadounidenses en operativos contra el narco, y se dice que el presidente López Obrador ha defendido a Rocha Moya desde 2020.
También se comenta que Morena habría ganado elecciones con ayuda del crimen organizado, lo que pone en duda la legitimidad de los procesos democráticos por allá en tierra culichi.
Estados Unidos ya avisó que, si México no se pone las pilas, ellos van a hacer algo, lo que podría afectar los tratados comerciales y provocar una crisis económica de aquellas.
La presidenta Sheinbaum tiene un dilema: proteger a Rocha Moya y a López Obrador o cuidar la relación con los vecinos del país del norte y la economía nacional.
Las declaraciones de las autoridades estadounidenses son tajantes, reafirmando que van con todo contra la corrupción y el crimen organizado, y que nadie está por encima de la ley.
Este caso es una crisis de Estado de las fuertes, con acusaciones graves de narco contra el gobernador de Sinaloa y varios funcionarios de alto nivel.
La narrativa oficial mexicana es de rechazo y defensa, mientras la oposición exige acciones firmes y una investigación transparente. El futuro político y económico de México podría cambiar, dependiendo de cómo responda el gobierno federal.
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Tras darse a conocer las acusaciones de Estados Unidos contra el gobernador Rubén Rocha Moya y otras nueve personas por presunto narcotráfico, las aspiraciones políticas del exfiscal César Jáuregui para la alcaldía de Chihuahua volvieron a tomar fuerza.
Y es que muchos ya veían a Jáuregui en la lona después de que renunció a la Fiscalía General debido al mal manejo del polémico caso de la presencia de agentes de la CIA operando en Chihuahua.
Ayer la dirigente del PAN, Daniela Álvarez, dijo que no hay nada que impida una postulación de César Jáuregui como candidato a la presidencia municipal de Chihuahua.
Dicen los que saben que en política nada está escrito, y Álvarez salió con la bandera de la unidad, diciendo que no hay razón pa’ que Jáuregui no se lance por la alcaldía de Chihuahua.
Dani pidió respeto y prudencia, que hay que cuidar al partido y no mezclar los pleitos de gobierno con los asuntos internos del PAN.
Con estos últimos hechos que cimbraron a Morena, César Jáuregui regresó a la jugada y sigue siendo un panista de hueso azul y su aspiración está más viva que nunca.
La dirigencia azul que encabeza la juarense Daniela Álvarez llama a cerrar filas, y a ser solidarios con sus liderazgos. Por ahora, la candidatura de Jáuregui está en el aire, pero en política todo cambia de un día para otro, como lo estamos viendo con el caso de Raúl Rocha.
