La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) declaró de causa de utilidad pública 48,661.703 metros cuadrados de propiedad privada para la ejecución de infraestructura complementaria del Tren Maya, una medida que involucra 14 inmuebles localizados en puntos estratégicos del sureste del país.
La decisión del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo busca asegurar la continuidad operativa y funcional de uno de los proyectos prioritarios del Gobierno de México, con impacto directo en la conectividad regional y la logística de pasajeros y carga.
La declaratoria, sustentada en el artículo 27 constitucional y la Ley de Expropiación, establece que los predios serán destinados a obras necesarias para el funcionamiento integral del sistema ferroviario.
Además, abre un periodo legal para que las personas propietarias presenten manifestaciones ante la autoridad antes de que se concrete la ocupación mediante indemnización conforme a la ley.
Los inmuebles declarados de utilidad pública se distribuyen a lo largo de tramos clave del Tren Maya en cuatro entidades del sureste. En el Tramo 1, los polígonos se localizan en los municipios de Candelaria, en Campeche, y Tenosique, en Tabasco.
Para el Tramo 2, la afectación alcanza terrenos en Champotón y en el municipio de Campeche, considerados estratégicos para la continuidad de las obras ferroviarias.
El Tramo 3, en el municipio de Umán, Yucatán, concentra la mayor superficie involucrada, ya que un solo inmueble supera los 44 mil metros cuadrados, lo que lo convierte en uno de los puntos más relevantes dentro de la declaratoria.
En tanto, los Tramos 5 y 6 abarcan predios en Solidaridad, Puerto Morelos, Tulum, Felipe Carrillo Puerto y Othón P. Blanco, en Quintana Roo, zonas vinculadas a nodos turísticos y de movilidad regional.
SEDATU argumenta que el Tren Maya constituye un corredor de transporte, carga y articulación territorial, cuya operación responde al interés colectivo al mejorar la movilidad, facilitar el acceso a servicios y reforzar la integración del sur-sureste con el resto del país.
Bajo esta lógica, los dictámenes técnicos concluyeron que los inmuebles seleccionados son idóneos para las obras previstas, entre ellas ampliaciones de red, infraestructura logística y conexiones estratégicas como el enlace hacia Puerto Progreso.
La operación del proyecto se mantiene bajo la rectoría del Estado, a través de la empresa de participación estatal mayoritaria Tren Maya, S.A. de C.V., sectorizada a la Secretaría de la Defensa Nacional.
Desde el punto de vista administrativo, la declaratoria concede 15 días hábiles a las personas interesadas para presentar lo que a su derecho convenga ante la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SEDATU.
La dependencia federal precisó que la ocupación de los predios se realizará mediante indemnización, conforme a los avalúos y convenios que se establezcan con los propietarios.
Con ello, el Gobierno de México busca evitar retrasos en la ejecución de las obras y garantizar la conclusión de una red ferroviaria considerada estratégica para el desarrollo regional, el empleo y la conectividad del sureste mexicano.
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