Ciudad Juárez, Chihuahua.— La liberación del propietario del crematorio Plenitud ha detonado una nueva ola de indignación en esta frontera, donde familiares de las víctimas no solo exigen justicia, sino ahora también la renuncia inmediata del fiscal de Distrito Zona Norte, Carlos Manuel Salas, a quien acusan de ineptitud y fallas graves en la conducción del caso.
Tras el hallazgo de 386 cuerpos que no fueron cremados pese a que las familias pagaron por el servicio funerario, el caso estremeció a Ciudad Juárez y colocó bajo la lupa a las autoridades encargadas de la investigación. Sin embargo, la reciente resolución judicial que permitió al dueño del crematorio recuperar su libertad fue el detonante que encendió aún más el descontento social.
Colectivos como “Justicia para Nuestros Deudos” han señalado públicamente que la Fiscalía cometió errores jurídicos que debilitaron el proceso penal, situación que derivó en la anulación de la vinculación a proceso. Para los familiares, esto refleja incapacidad y falta de preparación en la integración del expediente.
Los manifestantes sostienen que la actuación de la Fiscalía no estuvo a la altura de la gravedad del caso y que la liberación del empresario representa un golpe devastador para quienes aún esperan la identificación y entrega digna de los restos de sus seres queridos. Por ello, han convocado a movilizaciones frente a instancias federales para exigir que se revise la decisión judicial.
La exigencia principal ahora es clara: la salida de Carlos Manuel Salas del cargo. Los deudos argumentan que se perdió una oportunidad histórica de hacer justicia y que la confianza en la Fiscalía se encuentra seriamente dañada tras lo ocurrido.
Mientras la Fiscalía ha anunciado que impugnará la resolución del juez federal, el reclamo ciudadano continúa creciendo en Ciudad Juárez, donde el caso Plenitud ya no solo es símbolo de negligencia funeraria, sino también de una profunda crisis de credibilidad en la procuración de justicia.
