En diversas ciudades del país han comenzado a circular testimonios de personas que participaron como distribuidoras de vales y que hoy señalan presuntas prácticas de presión y hostigamiento relacionadas con el cobro de adeudos.
De acuerdo con versiones difundidas en redes sociales y compartidas de manera anónima de juarenses, este tipo de empresas —dedicadas a la venta de productos mediante vales o crédito interno— operan a través de un sistema de reclutamiento de distribuidores.
El esquema de reclutamiento
Según explican las personas inconformes, al momento de ser reclutadas se les ofrece la oportunidad de convertirse en distribuidoras independientes. A cada una se le asigna una cantidad de vales que puede representar montos acumulados de hasta 20 mil, 50 mil e incluso 100 mil pesos.
El funcionamiento, detallan, consiste en que la distribuidora entrega los vales a personas conocidas —amigos, vecinos o familiares considerados de confianza— para que con ellos adquieran productos. Posteriormente, esas personas deben cubrir el monto en pagos diferidos.
Sin embargo, de acuerdo con los testimonios recabados, cuando algunos beneficiarios no cumplen con los pagos, la responsabilidad total del adeudo recaería sobre la distribuidora.
Promesas de cobranza directa
Algunas distribuidoras señalan que, al momento de integrarse al esquema, se les habría indicado que la empresa se encargaría directamente de la cobranza a las personas que recibieran los vales.
No obstante, aseguran que en la práctica —según su versión— la empresa realiza únicamente intentos iniciales de contacto, como llamadas telefónicas, y si no obtiene respuesta, presuntamente dirige el cobro completo hacia la distribuidora, incluyendo intereses.
Esta situación, afirman, provoca que quienes aceptaron participar terminen enfrentando deudas elevadas por montos que originalmente fueron entregados a terceros.
De distribuidoras a deudoras
Decenas de testimonios coinciden en que muchas de las personas que ingresaron al esquema con la intención de obtener ingresos adicionales hoy aseguran que ya no se dedican a repartir vales.
Según relatan, gran parte de sus ingresos se destina actualmente al pago de la deuda acumulada, la cual —afirman— aumenta considerablemente debido a los intereses aplicados. Algunas sostienen que, lejos de generar ganancias, el modelo terminó por colocarlas en una situación financiera más complicada.
Señalamientos de amenazas y postura ante denuncias
Ex distribuidoras también aseguran que, al confrontar a representantes de la empresa para expresar inconformidades, presuntamente recibieron respuestas en el sentido de que la compañía “no tiene miedo a las denuncias ni a la autoridad”.
Según estos testimonios, les habrían dicho que podían acudir ante instancias como la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), pero que “no les harían nada”. Asimismo, afirman que se les continuó exigiendo el pago total de la deuda, bajo advertencias de posibles acciones como el embargo de vivienda.
Especialistas en derecho civil recuerdan que en México ningún embargo puede ejecutarse sin un procedimiento judicial formal y sin la intervención de una autoridad competente. También señalan que las prácticas de cobranza deben apegarse a límites legales y no pueden incluir amenazas o intimidación.
Debate sobre los riesgos del modelo
El modelo de distribución de vales traslada parte del riesgo comercial a personas particulares que actúan como intermediarias. Cuando los clientes finales incumplen, el impacto económico recae directamente en quien distribuyó los vales.
Hasta el momento, no se ha difundido un posicionamiento público oficial por parte de las empresas señaladas en los testimonios. El tema ha abierto un debate sobre la claridad de los contratos, el alcance de la responsabilidad de los distribuidores y los límites legales de la cobranza extrajudicial.
Especialistas recomiendan a quienes participen en este tipo de esquemas revisar cuidadosamente las condiciones contractuales y solicitar por escrito cualquier promesa relacionada con la gestión de cobranza.
