Claudia Arlett Espino presentó su renuncia con carácter irrevocable al cargo de directora general jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) de Chihuahua, a menos de dos meses de haberse integrado a la dependencia estatal.
La carta de renuncia, con fecha del 2 de noviembre de 2026 e ingresada formalmente el 3 de noviembre, fue dada a conocer de manera oficial por el Gobierno del Estado este 4 de noviembre.
Espino asumió la titularidad jurídica de la SSPE tras dimitir el pasado 9 de septiembre a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, donde argumentó motivos de salud y la búsqueda de un equilibrio personal y profesional.
En la misiva dirigida a las secretarías de Hacienda y de Seguridad Pública del Estado, la exfuncionaria indicó que su separación del cargo responde a intereses personales.
Por su parte, la SSPE precisó que la decisión se tomó para atender los señalamientos mediáticos difundidos en días recientes.
Al formalizar su dimisión, Espino renunció a cualquier otro puesto o derecho de carácter honorario en la administración pública estatal, manifestando haber recibido la totalidad de sus prestaciones correspondientes y sin reservarse acciones legales posteriores contra el Gobierno de Chihuahua.
La separación del cargo ocurrió en medio de publicaciones de alcance nacional que relacionan a la exfuncionaria con presuntas irregularidades en contrataciones y redes de proveedores electorales durante la administración de Guadalupe Taddei en el INE.
Entre los señalamientos periodísticos se menciona a empresarios del ramo electoral como Alfredo Hernández Casillas, quien ha aparecido en grabaciones difundidas públicamente junto a exintegrantes del órgano electoral.
La existencia de contratos o reuniones no constituye por sí misma una responsabilidad administrativa o penal, la cual deberá ser determinada formalmente mediante las auditorías e investigaciones correspondientes de las autoridades competentes.
