El expresidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, fue sentenciado a cadena perpetua tras ser declarado culpable de abuso de poder, soborno y obstrucción de justicia. Las autoridades judiciales concluyeron que el exmandatario utilizó la estructura del Estado para favorecer intereses personales y políticos, violentando las bases democráticas del país.
De acuerdo con los reportes, la investigación reveló una serie de actos de corrupción durante su administración, incluyendo presuntos sobornos y manipulación institucional. La fiscalía sostuvo que las acciones de Yoon excedieron sus atribuciones como jefe de Estado y representaron una amenaza directa al orden constitucional.
Luego de que en 2024 intentara una insurrección al tratar de imponer la ley marcial, el caso tomó mayor relevancia jurídica. En enero de 2026, la fiscalía argumentó que Yoon trató de decretar una ley marcial que consideraban inconstitucional e ilegal, lo que “socavó la función de la Asamblea Nacional y la Comisión Electoral, destruyendo en realidad el orden constitucional democrático liberal” el 3 de diciembre de 2024.
El tribunal determinó que las pruebas presentadas eran suficientes para imponer la pena máxima. La defensa del exmandatario anunció que apelará el fallo, argumentando que se trata de una persecución política. Sin embargo, los fiscales afirman que el proceso se llevó a cabo bajo estándares estrictos de legalidad y supervisión judicial.
El caso ha generado un profundo debate en Corea del Sur sobre los límites del poder presidencial y la necesidad de preservar la independencia de las instituciones democráticas. Mientras tanto, Yoon permanecerá bajo custodia en lo que se resuelve el recurso de apelación.
