Todas las instituciones públicas y privadas del país, incluidas universidades, bancos, hospitales, iglesias e incluso plataformas digitales como Google, estarán obligadas a entregar información personal y biométrica a las autoridades federales en casos de desaparición de personas.
Así lo establece la iniciativa presidencial enviada al Senado, que busca reforzar los mecanismos de búsqueda y localización de desaparecidos. Entre sus propuestas, destaca la obligación de que empresas y organismos entreguen imágenes o datos generados por satélites, drones u otras tecnologías sin necesidad de una orden judicial.
La nueva normativa contempla sanciones de hasta 2.2 millones de pesos para quienes se nieguen a proporcionar la información solicitada por el gobierno. Además, plantea cambios en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, incluyendo la reducción de penas para delincuentes que colaboren en la localización de personas desaparecidas.
Otro punto clave de la iniciativa es la transformación de la CURP en la identificación oficial única del país, incorporando huella dactilar y fotografía desde el nacimiento. Esta medida busca mejorar la autenticación de identidad en todos los sectores.
El gobierno argumenta que estas reformas son esenciales para fortalecer la lucha contra la desaparición de personas, aunque también han generado inquietudes sobre la privacidad y el uso de los datos personales.
