Una investigación periodística reveló que balas calibre .50 fabricadas para el Ejército de Estados Unidos terminan en manos del crimen organizado en México. Se trata de munición de alto poder diseñada para uso militar que ha sido localizada en escenas de ataques contra autoridades y civiles.
De acuerdo con un reportaje de The New York Times, los cartuchos provienen de la Planta de Municiones del Ejército en Lake City, una instalación ubicada en Missouri que fabrica municiones para las Fuerzas Armadas estadounidenses. El informe señala que parte de esta producción llega al mercado civil de Estados Unidos, desde donde es adquirida por intermediarios y traficada hacia territorio mexicano.
La planta de Lake City es propiedad del Gobierno de Estados Unidos, pero opera a través de un contratista privado. Su función principal es producir municiones para el Ejército, aunque también tiene autorización para vender excedentes en el mercado comercial.
Según la investigación, los cartuchos calibre .50 producidos en esta instalación pueden identificarse por las siglas “LC” en el casquillo. Este tipo de munición es de grado militar y está diseñada para atravesar blindajes y destruir vehículos.
Casquillos con esa marca han sido encontrados en ataques armados en México, incluidos enfrentamientos contra fuerzas de seguridad y hechos de alto impacto vinculados al crimen organizado.
Datos de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) indican que uno de cada tres cartuchos calibre .50 incautados en México proviene de la planta de Lake City.
El reporte señala que al menos 16 minoristas en línea en Estados Unidos venden estas municiones de forma legal, incluidas versiones perforantes e incendiarias. A partir de estas compras, intermediarios adquieren la munición y la introducen de forma ilegal a México.
El uso de estas balas ha sido documentado en masacres, ataques a autoridades y derribo de aeronaves, lo que muestra su impacto en la violencia armada en el país.
El Pentágono ha defendido la venta de municiones al mercado civil a través de la planta de Lake City. Autoridades militares señalan que permitir la comercialización de excedentes ayuda a mantener la operatividad de la instalación y reduce costos de producción para el gobierno.
Según esa postura, el esquema genera un ahorro anual cercano a 50 millones de dólares para el Ejército estadounidense.
Sin embargo, la investigación subraya que este modelo facilita que municiones de origen militar lleguen a redes de tráfico que operan hacia México.
El reporte destaca una contradicción logística: el Gobierno de México compra de forma legal municiones a la misma planta para sus Fuerzas Armadas, mientras que grupos criminales obtienen cartuchos similares a través del mercado comercial estadounidense.
Esto ha permitido que el crimen organizado utilice armas de alto calibre, como rifles de precisión tipo Barrett, con munición que también es utilizada por autoridades.
Especialistas en seguridad advierten que este flujo contribuye a que organizaciones criminales mantengan un poder de fuego elevado frente a corporaciones locales.
El hallazgo de munición calibre .50 de origen militar en escenas del crimen reabre el debate sobre el control del tráfico de armas y municiones entre Estados Unidos y México.
De acuerdo con López Dóriga Digital, la investigación citada por The New York Times muestra que el flujo no se limita a armas pequeñas, sino también a cartuchos de alto poder que incrementan la capacidad de ataque de grupos criminales.
Autoridades y especialistas señalan que el tema requiere cooperación binacional para frenar el tráfico y revisar los mecanismos de venta en el mercado civil estadounidense.
El caso pone en evidencia la relación entre la producción legal de municiones y su llegada al mercado ilícito, un fenómeno que sigue teniendo impacto directo en la seguridad en México.
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