A un mes de la explosión de una pipa de gas en la alcaldía Iztapalapa, la empresa Tomza, propietaria del vehículo, no ha indemnizado a las familias de las 31 personas que murieron ni a las más de 50 que resultaron heridas, de las cuales nueve continúan hospitalizadas, según reportó el portal de noticias Latinus.
Esto ocurre pese a que la compañía prometió el 11 de septiembre asumir todos los gastos médicos y daños derivados del siniestro, ocurrido cuando una pipa de gas LP explotó tras volcarse en calles de la colonia El Rosario.
La empresa informó que cubriría todos los servicios de las personas afectadas y que contaba con pólizas vigentes de responsabilidad civil”, se lee en el comunicado emitido en esa fecha.
Tomza aseguró contar con una póliza de responsabilidad civil contratada con Chubb Seguros México S.A., vigente hasta el 10 de noviembre de 2025, que cubre daños a terceros, daño moral y daños ecológicos.
Además, dijo tener dos pólizas adicionales:
Una con Quálitas, vigente hasta el 15 de diciembre de 2025, por responsabilidad civil ante daños a terceros.
Otra con AXXA, con vigencia hasta el 30 de noviembre de 2025.
Sin embargo, las familias de las víctimas aseguran que no han recibido compensaciones por parte de la empresa ni de las aseguradoras involucradas.
Hasta ahora, los únicos apoyos entregados a los afectados provienen del Gobierno de la Ciudad de México, tras realizar estudios socioeconómicos a los familiares de las víctimas.
Las autoridades aclararon que estos recursos son de carácter emergente y no sustituyen las indemnizaciones que debe otorgar Tomza conforme a la ley.
A pesar de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) señaló que la explosión fue causada por exceso de velocidad del conductor, no ha presentado videos ni documentos oficiales que respalden esa conclusión.
La fiscal Bertha Alcalde explicó que los detalles de la investigación fueron reservados por tres años, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley de Transparencia.
Esta información está reservada. La ley establece un plazo mínimo de tres años para que los datos de las carpetas de investigación puedan hacerse públicos”, señaló Alcalde.
ElImparcial
