México despierta este domingo con el corazón en la mano. El colectivo hacker Chronus acaba de detonar una filtración masiva de 2.3 terabytes que compromete bases de datos de decenas de instituciones federales, afectando potencialmente a millones de ciudadanos. Lo que empezó como un anuncio en foros oscuros ya es trending nacional, con memes, teorías y una indignación que crece minuto a minuto mientras el gobierno intenta calmar las aguas.
Chronus publicó este 1 de febrero enlaces torrent con información extraída de al menos 25 dependencias, incluyendo Secretaría de Hacienda, IMSS, ISSSTE, Registro Civil y hasta el INE, según reportes preliminares de TV Azteca y Milenio. Los archivos contienen nombres completos, direcciones, CURP, RFC, historiales médicos parciales y hasta datos bancarios vinculados.
Expertos en ciberseguridad consultados por medios independientes alertan que esta escala supera filtraciones previas y podría habilitar fraudes de identidad a gran escala, desde préstamos falsos hasta extorsiones personalizadas.
El vocero de la Presidencia y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana emitieron un comunicado minimizando el daño: “los sistemas críticos permanecen operativos y no hay evidencia de riesgo inminente para la población”.
Sin embargo, expertos como Luis Fernando García de R3D señalan que la mera existencia de los archivos ya es un riesgo real y exigen una auditoría externa inmediata. El contraste duele: mientras el gobierno presume avances en transformación digital y plataformas como el SAT 2.0, un ataque así revela vulnerabilidades básicas que cualquier ciudadano común podría sufrir en su banca en línea.
Twitter y TikTok explotan con hashtags como #ChronusLeak y #GobiernoHackeado. Usuarios comparten capturas de los torrents (aunque desaconsejado por riesgo de malware), memes de “mi CURP en oferta en la dark web” y videos indignados preguntando “¿quién responde si me roban la identidad?”.
La ironía viraliza rápido: justo cuando miles dependen de apps gubernamentales para trámites diarios, un hackeo masivo expone la fragilidad del sistema. Ya circulan peticiones en Change.org para que el gobierno active alertas gratuitas de crédito y monitoreo de identidad para todos los afectados.
Aquí está el lado oscuro que todos susurran: esta filtración llega en un momento delicado, con críticas crecientes a la centralización digital del gobierno actual. Opositores ya señalan posibles usos políticos de los datos filtrados, mientras colectivos de derechos digitales preparan demandas colectivas por violación masiva a la privacidad.
Si en las próximas horas surgen casos confirmados de fraude o listas específicas de afectados, la indignación podría traducirse en movilizaciones callejeras y un golpe serio a la confianza ciudadana. Esta historia no ha terminado: cada descarga de los archivos, cada testimonio de víctima y cada silencio oficial alimenta un fuego que podría quemar mucho más que bytes. México exige respuestas claras, ya.
