—No se la acaban los juarenses
—Sindicatos dorados en la UACJ
—Despensas, becas y la aritmética del Bienestar
La remodelación de la antigua cárcel de piedra, ubicada en la avenida 16 de Septiembre y calle Oro, ha generado un gran revuelo en redes sociales y medios de comunicación, despertando opiniones tanto a favor como en contra.
Este inmueble, inaugurado como penitenciaría el 15 de junio de 1943, cuenta con 82 años de historia y ha sido considerado por algunos historiadores como parte de “La Época de Oro de Ciudad Juárez”.
A partir de esa época, se llevaron a cabo importantes remodelaciones en la expresidencia municipal y su segundo piso, así como en el cine Reforma, el mercado Juárez, el cine Victoria, la estación 2 de bomberos (Parque Borunda), el edificio Continental y su hotel, el Hotel San Antonio y la clínica Dr. Gustavo Baz Prada (ubicada en la avenida Juárez y avenida Vicente Guerrero).
El inmueble fue vendido por el Municipio el 30 de diciembre de 2009 a la empresa Inmobiliaria 2003, por un monto de $1,927,595.49 pesos. La operación se formalizó mediante escritura pública el 23 de diciembre de 2010, bajo la gestión del entonces presidente municipal, José Reyes Ferriz.
Actualmente, los ejecutivos de S-mart buscan edificar en ese lugar otro salón, al que denominan “Centro Cívico”, aunque en realidad funcionará como un salón de eventos para renta, similar al que ya construyeron en la avenida Municipio Libre, junto a la sucursal S-mart López Mateos.
Muchos ciudadanos se cuestionan: si realmente no fuera un negocio, ¿por qué este centro no ha sido donado en beneficio de la ciudad?
La verdad, es un asunto meramente comercial; el primer centro fue construido con los recursos recaudados a través del redondeo de los consumidores juarenses. Al final, todo resulta en un ganar-ganar para la familia Muñoz, propietarios de los S-mart.
***********
No se la acaban los juarenses. El patrimonio público de Ciudad Juárez, que pertenece a sus habitantes, ha sido manejado por las autoridades en turno como si fuese de su propiedad personal, generando molestia y preocupación entre la ciudadanía.
Uno de los ejemplos más notorios es la familia de la Vega, que actualmente tiene bajo su control el estadio Lic. Benito Juárez, construido por el gobierno estatal para el club profesional Bravos. Además, han dispuesto de una amplia zona de El Chamizal para expandir su negocio futbolístico y ahora buscan quedarse también con los terrenos del Hipódromo y Galgódromo, con la intención de instalar nuevas áreas para su club deportivo.
La influencia de grupos empresariales en el manejo de espacios públicos es evidente. El Museo La Rodadora, ubicado en el parque Central, es administrado por empresarios como los de la Vega (Superettes) y Muñoz (Smart), entre otros. Asimismo, el club de motociclismo Los Centauros ocupa un terreno en El Chamizal, destinado exclusivamente a su recreación.
El Mercado de Cerrajeros, en la calle Libertad, construido en los años 50, está en posesión de la Escuela Preparatoria Particular Los Guerreros. Por otro lado, la Cárcel de Piedra fue vendida a la familia Muñoz, propietaria de Smart, por poco más de un millón de pesos.
En otro caso polémico, se intentó vender una parte de El Chamizal para construir una casa de cambio, evidenciando la tendencia de transferir propiedades del dominio público a manos privadas. De esta forma, numerosos bienes que deberían beneficiar a la población son usufructuados por particulares, generando un debate sobre el uso y destino de los espacios públicos en Ciudad Juárez.
***********
Documentos oficiales publicados por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en la Plataforma Nacional de Transparencia muestran que tres dirigencias sindicales académico-oficialistas aparecen registradas con el cargo administrativo de “director general”, un puesto de confianza reservado normalmente para altos funcionarios universitarios. La asignación resulta inusual y no tiene respaldo en los Contratos Colectivos de Trabajo.
Los tabuladores consultados indican que los secretarios generales del SPAICSA, SPAIIA y el AGREPEAC reciben percepciones mensuales brutas de entre 145 mil y 186 mil pesos, cifras que corresponden exactamente al nivel salarial de un directivo de alto rango.
En conjunto, estas designaciones representan un gasto institucional cercano a los tres millones de pesos anuales, destinado exclusivamente a dirigencias sindicales y sin relación con las plazas académicas que ocupan.
El Colectivo Universidad Democrática había advertido en su blog que estos beneficios no provienen de negociación colectiva ni cuentan con autorización asamblearia.
Según el artículo 357 de la Ley Federal del Trabajo, el otorgamiento de compensaciones no pactadas en el CCT puede constituir injerencia patronal, al colocar a la organización sindical bajo la influencia directa del empleador.
El contraste es evidente con el sindicato independiente SPAICB, cuya dirigencia aparece con su sueldo académico ordinario, sin sobresueldos ni categoría administrativa especial.
Para docentes consultados, esta diferencia confirma que el apoyo económico a los sindicatos oficialistas no responde a criterios universales, sino a decisiones selectivas de la administración.
Consideran urgente que el próximo contrato colectivo incluya límites claros al financiamiento patronal y reglas estrictas de transparencia para garantizar la autonomía sindical y el uso adecuado de recursos públicos.
***********
El gobierno de la Cuarta Transformación que hace apenas unos días puso en marcha el programa del PACIC, o Paquete Contra la Inflación y la Carestía, con el objetivo de controlar y reducir el aumento de precios en productos básicos de la canasta alimentaria.
En la Cuarta Transformación dicen que una despensa compuesta por 24 artículos básicos bajo dicho programa tiene un costo aproximado de $910.00 MXN. Por su parte, a los adultos mayores se les otorga la Beca del Bienestar, que consiste en $6,200.00 MXN cada dos meses.
Esto equivale a poder adquirir alrededor de 6.8 despensas en ese periodo, es decir, aproximadamente 0.80 despensas por cada una de las ocho semanas que conforman dos meses. En términos prácticos, esto representa cerca de 18 productos básicos por semana. Además, es importante considerar que la mayoría de los adultos mayores no viven solos.
Bajo estos parámetros, ¿realmente se logra sacar de la pobreza extrema a los adultos mayores en México, como afirma el Nuevo Régimen?
