–Guadalupe y Calvo sigue bajo fuego
–Las barredoras de Cruz levantan denuncias
Vaya panchito el que se aventaron ayer en la Torre Legislativa un grupito de personas transgénero y transexuales.
Lo que se suponía sería una mesa para discutir un tema tan controversial como la identidad de género y la justicia vicaria terminó convertido en un espectáculo que dejó a más de un diputado de a seis, pasmados y boquiabiertos.
Y es que, en medio de los gritos, las acusaciones y el intercambio de descalificaciones, los trans decidieron desnudarse de la cintura hacia arriba y mostrar los pechos como protesta para defender su postura.
Finalmente, el debate se fue por la borda y el Congreso acabó pareciendo vil mercado, menos el recinto donde se construyen las leyes que rigen a Chihuahua.
Y es que una cosa es protestar con firmeza y otra muy distinta convertir una discusión jurídica en una batalla de provocaciones. Cuando la estridencia sustituye a los argumentos, nadie gana. Ni los colectivos que buscan reconocimiento, ni quienes defienden otra visión, ni mucho menos los ciudadanos que esperan de sus representantes un debate serio.
Por si faltaba combustible, la diputada morenista Leticia Ortega apareció para subir todavía más la temperatura del encontronazo, que terminó entre amenazas de denuncias, acusaciones de discriminación y señalamientos de transfobia. El diálogo, simplemente, desapareció.
Y entre tanto escándalo, los legisladores perdieron una oportunidad de discutir con seriedad un tema que merece mucho más que gritos y cámaras. A ver qué pasa en los siguientes días con este grupo de inconformes radicales.
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La gobernadora Maru Campos pidió reforzar la atención y la presencia del Gobierno en Guadalupe y Calvo, una zona que desde hace tiempo carga con el peso de la violencia en la Sierra Tarahumara.
Y la verdad, no es para menos. La pelea entre grupos del crimen organizado en el llamado Triángulo Dorado ha convertido esa región en un lugar donde el miedo ya forma parte de la vida cotidiana.
Homicidios, familias que han tenido que salir con lo puesto y comunidades indígenas prácticamente encerradas por la violencia son cosas que difícilmente se pueden esconder detrás de un boletín oficial.
Eso sí, el Gobierno del Estado salió con números que intentan mostrar otra cara del asunto: más de 150 órdenes de aprehensión cumplidas en una semana, decenas de sentencias, casi 200 detenidos y una baja de más del 20 por ciento en víctimas de homicidio doloso frente al año pasado. Visto así, en el papel, las cifras suenan bien.
El detalle es que en la Sierra la gente no vive de estadísticas. Para quien dejó su casa por miedo, o para quien se despierta con el ruido de las armas cerca, los porcentajes dicen poco si la amenaza sigue ahí, rondando la puerta.
Maru también pidió mantener los apoyos humanitarios, la atención psicológica y el acompañamiento legal para las familias afectadas. Hace falta, claro que sí. Pero también queda claro que esas ayudas apenas alcanzan para contener el golpe; la salida de fondo pasa por algo mucho más complicado: que el Estado recupere el control real de la zona.
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Los exalcaldes panistas Gustavo Elizondo y Ramón Galindo desempolvaron el expediente de las barredoras y llevaron hasta la Fiscalía Anticorrupción una denuncia contra Cruz Pérez Cuéllar por un presunto peculado superior a los 105 millones de pesos.
En los corrillos políticos de todo Chihuahua nadie cree que los dos exalcaldes tengan alma justiciera. Dicen que ambos hicieron ese trabajito que el PAN necesita para quitarle bonos al aspirante a la gubernatura de Morena.
Nadie se mete a un pleito de ese tamaño nomás por deporte; siempre hay quien espera cobrar la factura cuando llegue la hora de repartir el pastel.
Del otro lado cuentan que Cruz recibió la noticia con más calma que preocupación. Entre sus cercanos aseguran que dio a entender que el asunto le hará “lo que el viento a Juárez”, convencido de que el golpeteo apenas comienza y de que vendrán más ofensivas conforme se acerque la campaña constitucional.
Ahora la pelota quedó en la cancha del fiscal Anticorrupción, Abelardo “El Bayo” Valenzuela. Tendrá que demostrar si esta carpeta caminará con pruebas suficientes o terminará guardando polvo, como ocurrió con el polémico episodio de la residencia del Campestre, donde mucho se habló, pero poco pasó.
Si la Fiscalía encuentra elementos sólidos, el golpe político para el morenista sería de dimensiones mayores.
Pero si el expediente no prospera, Cruz saldrá fortalecido y podrá vender la narrativa de que todo fue una embestida electoral disfrazada de combate a la corrupción.
