Por Sofía Medrano
La crisis que atraviesa el Hospital Psiquiátrico de Chihuahua dejó de ser un rumor interno para convertirse en un hecho público el 6 de abril de 2026, cuando se dio a conocer que varios especialistas renunciaron de manera simultánea. El estallido mediático no reveló un problema nuevo, sino uno que llevaba años creciendo sin que las autoridades actuaran con la urgencia necesaria.
Estas renuncias no son un accidente ni un episodio aislado. Representan la consecuencia más evidente de un deterioro progresivo: falta de personal, cargas laborales inhumanas y un abandono institucional que afecta directamente a quienes dependen de este servicio para sobrevivir. Tras la salida del equipo de especialistas, la institución quedó con una cantidad mínima de psiquiatras activos, obligando a los que permanecen a duplicar guardias y atender una demanda para la cual ningún profesional está preparado sin apoyo adecuado.
Las señales de alerta venían desde antes. Trabajadores del hospital habían advertido que los turnos eran imposibles de cubrir, que la plantilla era insuficiente y que, en ocasiones, un solo psiquiatra debía hacerse cargo de decenas de pacientes en crisis. Aun así, las advertencias fueron ignoradas.
En un estado marcado por la violencia, la desigualdad y el consumo problemático de sustancias, los trastornos de ansiedad, depresión y estrés postraumático se incrementan cada año. El Psiquiátrico, que debería ser un punto de atención sólida, ha operado al límite durante años, según testimonios del propio personal.
El panorama se agrava al observar el contexto nacional. México cuenta con apenas 3.6 psiquiatras por cada 100 mil habitantes, una cifra muy por debajo del promedio recomendado por la Organización Mundial de la Salud y de países con sistemas de salud comparables.
El déficit de especialistas no se limita a psiquiatras también faltan psicólogos clínicos, neuropsiquiatras, enfermeros especializados y personal de intervención en crisis, lo que vuelve casi imposible garantizar un tratamiento integral. Resolver crisis emocionales severas, tratar adicciones, atender episodios psicóticos o dar seguimiento a pacientes crónicos requiere equipos multidisciplinarios, no plantillas reducidas a su mínima expresión.
Las renuncias del 6 de abril no son un acto de rebeldía. Son un acto de agotamiento. Nadie puede sostener un hospital sin personal suficiente, sin recursos, sin respaldo institucional y bajo una carga emocional que, tarde o temprano, termina afectando a quienes están al frente. La vocación no es un sustituto del descanso ni de las condiciones dignas de trabajo.
Lo más grave es lo que ocurre después, pacientes sin seguimiento, crisis que no pueden ser atendidas a tiempo, terapias suspendidas, familias sin respuestas y personal agotado que intenta, con lo poco que tiene, sostener un sistema que se derrumba. En una institución de psiquiatría, cada ausencia tiene consecuencias humanas profundas: recaídas, crisis severas, descompensaciones y, en el peor de los casos, riesgo de perder vidas que podrían haberse salvado con atención oportuna.
La crisis en el Psiquiátrico de Chihuahua no es el problema de fondo. Es el síntoma de un sistema estatal y nacional que nunca ha tratado la salud mental como prioridad. Operar con carencias se volvió normal. Pretender que los especialistas trabajen bajo presión constante también. Y mientras tanto, la demanda sigue creciendo, la atención se hace insuficiente y el desgaste del personal se convierte en un problema de salud pública por sí mismo.
La salud mental es un derecho humano. Un derecho que en México, hoy, se cumple a medias o no se cumple en absoluto.
La pregunta que debería incomodarnos a todos es: ¿cuántas renuncias más, cuántos hospitales al borde del cierre, cuántas vidas afectadas harán falta para que el Estado mexicano deje de mirar hacia otro lado?
