En días pasados la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó el informe del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU, señalando que el reporte carece de rigor y se basa en un análisis limitado y descontextualizado.
Sheinbaum afirmó que el informe solo estudió casos de cuatro estados entre 2009 y 2017 y cuestionó la validez de extrapolar esos datos hasta 2025, pues no reflejan la situación actual.
La mandataria también argumentó que el informe se aparta de la definición internacional de desaparición forzada, ya que su gobierno no ordena ni tolera ese delito.
Además, lamentó que el comité haya ignorado los avances logrados desde 2019 en materia de búsqueda y legislación. Sheinbaum insistió en que el gobierno mantiene su compromiso con las familias de desaparecidos y seguirá trabajando con colectivos y organismos para erradicar el problema.
Sin embargo, esta postura oficial ha sido criticada por organizaciones civiles y partidos de oposición, quienes consideran insuficientes los esfuerzos gubernamentales y denuncian la falta de resultados tangibles.
La crisis de desaparición forzada en México es una deuda histórica que el Estado tiene con la sociedad. Las cifras oficiales, los informes internacionales y las denuncias de familiares y colectivos coinciden en señalar que la impunidad y la falta de respuestas institucionales han perpetuado el sufrimiento de miles de familias.
La exigencia de verdad, justicia y reparación no puede ser ignorada ni minimizada, pues representa el derecho fundamental de las víctimas y sus allegados a ser reconocidos y atendidos por el Estado.
Los avances legislativos y las promesas de colaboración con organismos internacionales deben traducirse en políticas públicas efectivas, recursos suficientes y mecanismos de seguimiento que permitan la identificación de personas desaparecidas, la sanción de responsables y la reparación integral de las víctimas.
La participación de la sociedad civil, los colectivos de búsqueda y las organizaciones de derechos humanos es crucial para visibilizar el problema y presionar a las autoridades para que cumplan con sus obligaciones.
La desaparición forzada no es un fenómeno aislado ni exclusivo de un periodo gubernamental. Es una crisis estructural que requiere de la voluntad política, la transparencia y la colaboración interinstitucional para ser enfrentada.
Ignorarla, minimizarla o maquillar cifras solo perpetúa la impunidad y el dolor de las familias mexicanas. El Estado tiene la responsabilidad de garantizar la verdad, la justicia y la reparación, y solo así podrá saldar la deuda histórica que tiene con su población.
