Un Tribunal ordenó al Mecanismo de Protección revisar si los ataques desde la mañanera del expresidente Andrés Manuel López Obrador impactaron la seguridad de la activista Tania Ramírez, defensora del medio ambiente que se opuso al Tren Maya.
El Consejo Nacional de Litigio Estratégico indicó que en 2022, la espeleóloga y feminista “fue objeto de una campaña de descalificación pública -junto con otros ambientalistas- encabezada por el entonces presidente López Obrador”.
“Desde la conferencia mañanera, el Presidente la señaló como ‘pseudoambientalista’ y la acusó falsamente de recibir pagos por oponerse al Tramo 5 del Tren Maya.
“Como consecuencia de esta descalificación, se desataron agresiones físicas en su contra durante una protesta frente al Palacio Nacional; amenazas en línea; hostigamiento; y se le restringió el acceso a áreas del ejido de Playa del Carmen por su activismo, lo que limitó y puso en riesgo su empleo y su seguridad, así como la de su familia”, expuso el Consejo.
Ante esa situación, Ramírez solicitó la ampliación de medidas de protección al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación: “Sin embargo, las autoridades omitieron considerar los efectos de los ataques presidenciales y del contexto de violencia que enfrentaba, como resultado de lo dicho en la conferencia mañanera por el propio Presidente”.
Su evaluación de riesgo, explicó el Consejo Nacional de Litigio Estratégico, se realizó sin metodología clara, sin escuchar sus objeciones y sin tomar en cuenta el impacto público de las declaraciones del Ejecutivo.
“Ahora, una sentencia de un Tribunal Colegiado obliga a las autoridades a cargo del Mecanismo de Protección a reconocer y evaluar ese contexto de ataques en su metodología de análisis de riesgo y en la emisión de un Plan de Protección.
“El Tribunal reconoció que la aplicación del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas debe apegarse a los más altos estándares internacionales y, por eso mismo, deberá realizarse un nuevo análisis de la situación de esta defensora considerando la afectación que le causó López Obrador a su desempeño como defensora de derechos humanos”, se indicó.
Se deben reponer las medidas del Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos, lo que implica realizar una nueva evaluación del riesgo, derivado de los ataques públicos desde la presidencia, así como la divulgación de datos personales.
También la emisión y ajuste de un nuevo Plan de Protección con medidas idóneas y coordinadas.
ElUniversal
