Tras protestas de familiares y el cuestionamiento de la Presidencia, un juez de control desestimó este jueves el cargo de terrorismo contra el periodista Rafael León Segovia, ‘Lafita’, aunque continuará su proceso por otros delitos en prisión domiciliaria en Veracruz.
Tras ser arrestado por el Ejército el pasado 24 de diciembre, el comunicador abandonó esta tarde el Centro Integral de Justicia de Coatzacoalcos. Al concluir la audiencia inicial, el juez José Guadalupe Nucamendi Albores determinó que la Fiscalía General del Estado (FGE) no aportó elementos suficientes para sostener la imputación de terrorismo.
No obstante, el impartidor de justicia resolvió vincular a proceso a León Segovia por los delitos de encubrimiento por favorecimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública.
Pese a las peticiones de libertad absoluta por parte de la defensa, el juez fijó el arraigo domiciliario como medida cautelar, argumentando la necesidad de asegurar su presencia durante el desarrollo de las investigaciones.
Fuentes locales refirieron que la Fiscalía, ahora bajo el mando de Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre (propuesta por la Gobernadora Rocío Nahle), presentó como prueba principal una investigación de 2023.
Según los datos vertidos en la audiencia, en el teléfono de un presunto delincuente se halló una conversación donde el periodista presuntamente recibía información sobre el hallazgo de cuerpos a cambio de dinero (aproximadamente 30 mil pesos). La acusación sostiene que el comunicador difundía asesinatos y publicaba mensajes violentos en su página ‘Noticias con Lafita León’ bajo instrucciones de grupos criminales.
Por su parte, la defensa y organizaciones como Artículo 19 calificaron estas pruebas como un intento de “criminalizar la labor periodística” y las fuentes de información de la nota roja.
El propio periodista, previo a la audiencia, arremetió contra la institución: “Ya saben lo que fabrica la Fiscalía (…) esta Fiscal me odia”.
El pasado 29 de diciembre, la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó el uso del tipo penal de terrorismo contra un reportero.
“No sé por qué la Fiscalía usa el delito de terrorismo; tendría que explicarlo, porque no ha habido una acusación así en México, yo creo que nunca (…) la libertad de expresión debe estar por encima de todo”, sentenció la mandataria.
Este martes, a las afueras del recinto judicial, compañeros de gremio de León Segovia mantuvieron una protesta para exigir su liberación.
“Periodistas no somos terroristas” y “Cubrir nota roja no es delito”, fueron algunas frases observadas.
El hijo del reportero, Gardiel Josué León Oropeza, pidió que en este proceso prevalezca la justicia, al recordar que su padre, de 62 años, padece hipertensión y que su salud se ha visto mermada durante el encierro.
“(Señalaron) que porque llegaba antes (que) quién le avisaba toda la información, prácticamente dándole a entender a él ‘queremos saber todo, tú nos tienes que decir si sabes que pasó algo y sabes qué hay, antes antes me tienes que decir a mí (Fiscalía)’. Yo no sabía que eso se le tenía que hacer con la Fiscalía, porque al final de cuentas son periodistas y relativamente sus fuentes no las pueden decir”, indicó.
El entrevistado refirió que también se le pretende juzgar por el artículo 311, y se le acusa además de causar pánico a la población con sus publicaciones.
“O sea, todo lo que mi papá publica a la población le daña psicológicamente, daña a la corporación, los pone mal, sensibles todos a todas las corporaciones. La abogada lo que está pidiendo son pruebas sólidas de lo que se le imputa a mi papá (…) porque al final de cuentas no nada más esto esto le pasa a él, que no le pase a nadie”, agregó.
Este incidente ocurre en un Veracruz que, según Artículo 19, en 2025 lideró los índices de acoso judicial contra periodistas.
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