El gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, hizo públicos en marzo pasado los estudios de impacto ambiental de 18 obras complementarias del Tren Maya, las cuales fueron ejecutadas sin contar con dichas autorizaciones durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, bajo el amparo de un decreto presidencial emitido en 2021.
Dicho decreto, que clasificaba las obras del Tren Maya como prioritarias y permitía avanzar sin permisos ambientales, fue invalidado en 2023 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tras una controversia constitucional interpuesta por el extinto INAI.
Sin embargo, los estudios ambientales fueron reservados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) incluso después del fallo y no se difundieron públicamente sino hasta marzo de 2025, cuando el proyecto ya operaba.
La secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, anunció en abril que la administración buscará resarcir los daños ecológicos generados por la construcción.
No obstante, activistas y ambientalistas que interpusieron amparos y denunciaron deforestación, afectaciones a cenotes, fauna y acuíferos, aseguran que la publicación tardía de las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) anula cualquier posibilidad legal de impugnación.
Los grupos ambientalistas consideran que el gobierno de Sheinbaum envía señales contradictorias, ya que si bien ha mostrado disposición al diálogo y a la transparencia, permitió que se ocultaran los estudios durante más de un año después del fallo de la Corte, lo que a su juicio demuestra una falta de voluntad real para proteger la selva de la Península de Yucatán.
Los documentos liberados recientemente por la Semarnat —a los que tuvo acceso la revista Proceso— revelan que varias obras fueron construidas pese a advertencias técnicas sobre su impacto ambiental, lo cual incrementa las críticas a la forma en que se ejecutó uno de los proyectos insignia del sexenio anterior.
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