Ya estaba escrito en los libros de la historia de la 4T, Morena controlará el Tribunal de Disciplina Judicial considerado el órgano más influyente del Poder Judicial, el cual está por encima de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Este tribunal ejercerá un poder incluso superior al de la Suprema Corte, operando como una especie de “Santa Inquisición” moderna.
Cinco personas tendrán en sus manos el poder absoluto, como si sostuvieran las llaves de una fortaleza inexpugnable, capaces de sancionar a jueces, magistrados y ministros que consideren han cruzado los límites de lo correcto.
Los cinco integrantes del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, todos pertenecientes a Morena, tienen el poder de sancionar a cualquier juez, magistrado o ministro que actúe en defensa de los derechos ciudadanos o que se oponga a los intereses del gobierno. Este control absoluto pone al Poder Judicial al servicio de los objetivos del partido y de Palacio Nacional.
Si un juez otorga un amparo por expropiación injusta de terrenos o detiene una obra, será removido por el órgano depositario del nuevo Poder Judicial de la Federación renovado por el pueblo bueno y sabio. Ajá.
El Tribunal de Disciplina Judicial parece haberse convertido en un brazo ejecutor del régimen, funcionando como una herramienta para implementar sus decisiones de manera implacable. Su actuación evoca la imagen de aquellos grupos que poseen elementos encargados de cumplir las órdenes más severas y controvertidas. Así de simple.
La pregunta es: ¿quiénes conformarán este tribunal?
La respuesta es lo integran políticos de Morena, cuyos nombres coincidieron exactamente con los que aparecieron en los benditos acordeones que fueron repartidas estratégicamente por Morena en todo el país.
La elección de los integrantes de este Tribunal no dejó espacio para sorpresas: se seleccionó exactamente a quienes figuraban en esos “acordeones”. Hay que reconocer algo a la Cuarta Transformación: cuando se trata de manipular procesos, lo hacen con gran destreza. Aunque puedan fallar en temas como el Metro, el Tren Maya, la refinería o el suministro de medicamentos, en el arte de la trampa electoral son verdaderos expertos. ¿O no?
Los cinco seleccionados para el Tribunal de Disciplina Judicial son: Celia Maya, dos veces candidata de Morena a la gubernatura de Querétaro y propuesta en dos ocasiones por López Obrador para la Suprema Corte, aunque no fue elegida. Ahí va diciendo por donde masca la iguana.
Verónica de Gyvés es consejera de la Judicatura, defensora de la reforma judicial y cercana a López Obrador. A pesar de ser propuesta por él como ministra de la Suprema Corte y fiscal general de la República, no llegó a ocupar esos cargos. También tiene la piel morena.
Otra es Indira García ha ocupado cargos como comisionada en el Instituto de Transparencia de Colima y trabajó en la Auditoría Superior del Estado. Ahora es toda poderosa servidora de la 4T.
También va el “chapulín” Bernardo Bátiz quien inició su carrera política en el PAN, luego pasó al PRD y actualmente es de Morena. Fue procurador de López Obrador cuando este era jefe de gobierno. También fue propuesto como fiscal general de la República y como ministro de la Suprema Corte, pero no obtuvo ninguno de esos puestos. Quiere más o le guiso un huevo.
También esta Rufino León ha trabajado en los gobiernos de López Obrador y Marcelo Ebrard en la Ciudad de México. En 2021, intentó ser candidato al gobierno de Hidalgo por Morena. Un fiel servidor del movimiento de la Cuarta Transformación.
El Tribunal de Disciplina Judicial está compuesto solo por figuras de Morena, generando sospechas sobre su objetivo de supervisar a jueces. Parece más centrado en seguir los dictados del régimen. Morena controla todas las posiciones en la Suprema Corte y este tribunal, consolidando su control total.
Al concentrar Morena el control total del tribunal, se abre la puerta a la posibilidad de que este órgano actúe más como un instrumento político que como un árbitro neutral. Por ejemplo, los jueces que tomen decisiones contrarias a los intereses del gobierno podrían enfrentar represalias, creando un clima de autocensura y temor.
Esto podría limitar la capacidad del Poder Judicial para proteger los derechos de la ciudadanía frente a abusos de poder o decisiones arbitrarias. Ni más, ni menos.
