El pasado 19 de diciembre, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró de manera total una obra en la zona de playa de Mazatlán, Sinaloa, tras comprobar que se realizaba sin autorización en materia de impacto ambiental. La intervención se dio luego de denuncias ciudadanas que alertaron sobre la instalación de estructuras en la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), con afectaciones directas al ecosistema costero.
El 15 de diciembre, inspectores de Profepa acudieron al sitio ubicado sobre la Avenida del Mar, donde constataron la instalación de 12 pilotes de concreto reforzado y la preparación para colocar otros seis más, dentro de un área aproximada de 116 metros cuadrados. Según las denuncias, estas estructuras serían utilizadas para levantar una palapa destinada a la venta de mariscos.
Al requerir al responsable la autorización correspondiente, este reconoció no contar con el permiso ambiental emitido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Ante la evidencia y el riesgo de daño al ecosistema, la Profepa procedió a imponer la clausura total inmediata, colocando sellos oficiales en la obra.
La instalación de pilotes y la preparación de una plataforma sobre la playa representan una afectación directa a la Zofemat, área de alta importancia ambiental que cumple funciones de protección contra fenómenos naturales, conservación de especies y equilibrio ecológico. La alteración de estas zonas puede provocar erosión, pérdida de hábitat y afectaciones a la biodiversidad marina y terrestre.
Por ello, la medida de clausura fue considerada de urgente aplicación, con el fin de detener cualquier avance de la obra y evitar daños irreversibles en el ecosistema costero de Mazatlán.
La Profepa informó que inició el procedimiento administrativo correspondiente, el cual será turnado al área jurídica para determinar las sanciones y medidas correctivas conforme a la legislación ambiental vigente. Además, la dependencia anunció que mantendrá vigilancia permanente en el sitio, con el objetivo de impedir la reanudación de las actividades clausuradas.
La institución reiteró su compromiso de atender denuncias ciudadanas, garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental y proteger los ecosistemas costeros del país mediante acciones firmes de inspección y vigilancia.
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