Durante la conferencia realizada en Mazatlán, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, presentó un informe sobre los resultados más recientes en las operaciones contra el crimen organizado en el estado, donde destacó la desarticulación de una gran cantidad de laboratorios clandestinos y la detención de personas vinculadas a grupos delictivos.
Según explicó, los trabajos de inteligencia y los operativos conjuntos permitieron localizar y desmantelar cerca de dos mil laboratorios utilizados para la producción de drogas sintéticas en distintas zonas de Sinaloa. Este avance representa un impacto considerable en las estructuras criminales que dependen de estos espacios para la elaboración de sustancias ilícitas con destino a mercados nacionales y de exportación.
Por instrucciones de la Presidenta @Claudiashein continúa la presencia y las acciones del @GabSeguridadMX en Sinaloa hasta lograr la tranquilidad de los sinaloenses.
— Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) February 27, 2026
• 2,225 detenidos por delitos de alto impacto
• 33 toneladas de droga aseguradas
• 1,942 laboratorios y áreas…
Además del hallazgo y destrucción de estos centros de manufactura, García Harfuch señaló que se logró la captura de presuntos integrantes de la facción conocida como “Los Chapitos”, especialmente en el municipio de Concordia, una zona donde las autoridades habían detectado un incremento de actividades violentas relacionadas con esta célula delictiva.
Otro punto relevante del informe fue el caso de los diez trabajadores mineros que desaparecieron en la región. El secretario aseguró que las investigaciones han avanzado significativamente y que ya se identificó a quienes habrían participado en el hecho, tanto a nivel operativo como en la planeación. Las autoridades han solicitado las órdenes de aprehensión correspondientes y continúan con despliegues en la zona para localizarlos.
Al finalizar su mensaje, García Harfuch recalcó que los resultados obtenidos en Sinaloa corresponden a un esfuerzo constante entre fuerzas federales y estatales, con el objetivo de reducir la capacidad operativa de los grupos delictivos y evitar que casos como el de los trabajadores desaparecidos queden sin respuesta.
