El Gobierno de México mantendrá su estrategia de seguridad en Sinaloa y respaldará plenamente a la administración estatal tras la licencia del gobernador Rubén Rocha, informó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Durante una conferencia realizada el 4 de mayo en la IX Zona Militar de Culiacán, el funcionario aseguró que continuará la coordinación con autoridades locales y que la gobernadora en funciones, Yeraldine Bonilla, contará con apoyo federal permanente.
En el marco de la décimo cuarta reunión del Gabinete de Seguridad en la entidad, García Harfuch subrayó que las acciones contra la delincuencia organizada siguen en curso y que existen avances relevantes en el proceso de pacificación. No obstante, puntualizó que los operativos no han concluido y se mantendrán con firmeza.
“No nos vamos a retirar. Se mantendrá coordinación permanente con las autoridades del estado y la gobernadora Yeraldine Bonilla tendrá todo el apoyo del Gobierno de México”, afirmó en conferencia este lunes 4 de mayo en las instalaciones de la IX Zona Militar en Culiacán.
Como parte del despliegue federal en Sinaloa, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, detalló que más de 13 mil 300 elementos participan actualmente en tareas de seguridad. De ese total, 2 mil 732 pertenecen a fuerzas especiales, apoyadas por alrededor de dos mil vehículos y 48 aeronaves.
De acuerdo con cifras oficiales, este operativo ha contribuido a una reducción del 44% en homicidios dolosos en el estado, mientras que en Culiacán la disminución alcanza el 38%. Además, se reporta una mejora en la percepción de seguridad, según datos recientes del INEGI.
En paralelo a la estrategia de seguridad en Sinaloa, la Fiscalía estatal informó que el vicefiscal Dámaso Castro Zaavedra permanece en funciones y ejerciendo plenamente sus atribuciones legales. El funcionario ha sido mencionado entre los servidores públicos señalados por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
La institución indicó que atenderá cualquier requerimiento de autoridades competentes, incluida la Fiscalía General de la República, conforme al marco legal vigente. Precisó que, de acuerdo con el artículo 135 constitucional, no se requiere una declaratoria de procedencia para iniciar acciones legales contra el cargo de vicefiscal, ya que no está contemplado dentro de los funcionarios sujetos a ese mecanismo.
Asimismo, la Ley Orgánica de la Fiscalía establece que las vicefiscalías forman parte de la estructura administrativa, sin contar con inmunidad procesal especial.
En el ámbito local, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, solicitó licencia temporal por al menos 10 días, con posibilidad de extenderse hasta seis meses. Durante su ausencia, la síndica Ana Mirima Ramos asumió el cargo de manera interina.
Por su parte, el senador Enrique Inzunza Cázares rechazó las acusaciones en su contra provenientes del Departamento de Justicia de Estados Unidos, las cuales calificó como falsas. El legislador afirmó que enfrentará los señalamientos desde su posición y descartó solicitar licencia.
Este panorama ocurre en medio de tensiones derivadas de investigaciones internacionales, luego de que la Secretaría de Relaciones Exteriores canalizara a la Fiscalía General de la República solicitudes de extradición provenientes de Estados Unidos. Dichas peticiones están relacionadas con acusaciones por presuntos vínculos con el narcotráfico contra funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa
La evolución de estos procesos y la coordinación entre autoridades mexicanas y estadounidenses serán determinantes en el desarrollo de los casos, en un contexto donde la seguridad en Sinaloa y el combate al crimen organizado continúan como prioridades nacionales.
Debate
