El gobierno de Estados Unidos endureció su ofensiva contra funcionarios mexicanos presuntamente ligados al narcotráfico y ahora busca procesarlos bajo leyes antiterroristas, una estrategia que podría elevar drásticamente las penas y tensar aún más la relación con México.
De acuerdo con una investigación publicada por The New York Times, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) ordenó a fiscales federales ampliar las acusaciones contra servidores públicos mexicanos vinculados con organizaciones criminales, utilizando figuras legales reservadas normalmente para casos de terrorismo.
La instrucción habría sido emitida por Aakash Singh, subprocurador general adjunto, durante una reunión interna con fiscales federales de distintas regiones del país.
Según el reporte, Singh pidió “triplicar” las investigaciones y acusaciones contra funcionarios mexicanos señalados de colaborar con grupos del narcotráfico, particularmente aquellos que, presuntamente, habrían utilizado cargos públicos para proteger operaciones criminales.
El cambio de estrategia surge después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reforzara la clasificación de cárteles latinoamericanos como organizaciones terroristas, lo que permite presentar cargos por “apoyo material al terrorismo”, además de delitos tradicionales relacionados con drogas y corrupción.
Con esta figura legal, fiscales estadounidenses podrían buscar penas mucho más severas contra funcionarios acusados de colaborar con grupos criminales.
La medida aparece en medio de las recientes acusaciones contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como contra exfuncionarios y mandos de seguridad presuntamente relacionados con el Cártel de Sinaloa.
Entre los nombres señalados se encuentran el exsecretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, y el exsecretario de Finanzas, Enrique Díaz Vega, quienes forman parte de investigaciones abiertas en Estados Unidos por presuntos nexos con la facción criminal de Los Chapitos.
De acuerdo con el New York Times, durante la reunión interna Singh dejó claro que las investigaciones deben avanzar sin importar las consecuencias políticas o diplomáticas para la relación con México.
Incluso, según el reporte, el funcionario aseguró que, si las acusaciones generan “vergüenza” o “humillación” para autoridades mexicanas, eso sería “la cereza del pastel”.
Las declaraciones reflejan el tono agresivo que ha tomado la administración Trump frente al combate a los cárteles y a presuntos actos de corrupción ligados al narcotráfico.
En semanas recientes, Trump aseguró públicamente que México está “controlado por los cárteles” y advirtió que, si las autoridades mexicanas no actuaban, Estados Unidos intervendría directamente.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha rechazado las acusaciones impulsadas desde Estados Unidos y sostuvo que los señalamientos contra funcionarios mexicanos no cuentan con pruebas suficientes. La mandataria también ha insistido en defender la soberanía nacional frente a cualquier intento de intervención extranjera.
Pese a ello, ambos gobiernos mantienen comunicación en temas de seguridad y combate al narcotráfico, en medio de uno de los momentos más tensos de la relación bilateral en los últimos años.
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