—Pafos sacarán provecho de amparos
–El Bayo se pone el sombrero de defensor
Vaya que la paciencia de los deudos afectados por el caso del Crematorio Plenitud se está acabando, y es que parece que la burocracia y la indiferencia institucional están jugando al escondite con la justicia.
Cuentan los que saben que el Colectivo Justicia para Nuestros Deudos, cansado de que la Fiscalía General Zona Norte nomás no se mueve, decidió meterle presión de la buena: le enviaron una carta abierta a Ernestina Godoy, Fiscal General de la República, y a la mismísima presidenta Claudia Sheinbaum.
Pero viendo cómo está el asunto, sería casi un milagro que atendieran las demandas de estas personas.
Resulta que los responsables de la Fiscalía Zona Norte, bajo la batuta del veteranísimo Carlos Manuel Salas, no han emitido ese papelito tan necesario que declare a las funerarias del Crematorio Plenitud como empresas nada socialmente responsables.
¿Y para qué sirve ese documento? Pues para que PROFECO pueda exigir la devolución de las inversiones de quienes confiaron –y pagaron por adelantado– servicios funerarios.
Sin ese papel, PROFECO está maniatada y los usuarios siguen desamparados ante funerarias con la módica suma de ¡114 demandas por fraude! La confianza está más perdida que el aguinaldo en enero, y la ley es clara: deben devolver lo pagado a futuro, pero nadie mueve un dedo.
Dicen los del colectivo que esa negativa o “olvido” de la Fiscalía es un obstáculo ilegal y, encima, éticamente imperdonable. Por eso exigen que desde la Fiscalía General de la República se instruya a la Zona Norte para emitir el dichoso documento, se reconozca públicamente el incumplimiento social de las funerarias y, claro, que se garantice la devolución del dinero a los afectados como marca la ley.
No sólo eso: piden que se castigue la negligencia institucional que ha permitido la acumulación de fraudes y que se respete el Artículo 99 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, que faculta a PROFECO para intervenir, pero, claro, necesita papeles en regla para meter mano.
El mensaje es directo: ¡Ya basta de trámites y evasivas! La dignidad de las víctimas y la confianza de los consumidores exigen acciones ya, no mañana ni el “próximo lunes”. Recordemos que emitir ese documento no es un favor, sino una obligación legal y ética. Porque la ausencia de este trámite sólo perpetúa el fraude y la impunidad.
A ver si ahora sí se ponen las pilas y la justicia deja de estar en pausa por culpa de la burocracia. Los deudos lo merecen… y la sociedad también.
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Los regentes de Onappafa ya pusieron la marcha en reversa y están listos para echar toda la carne al asador, no por gusto, sino porque el reloj les pisa los talones.
El decreto federal para regularizar autos “chocolates” cerró de sopetón, y miles de paisanos se quedaron como novios en el altar: con papeles en mano, pagos hechos y la promesa de un año más, ¡pero nada de nada!
Miguel Campos y Humberto Meza, los jefazos de Onappafa en Ciudad Juárez y Chihuahua, se pusieron las pilas y anunciaron que la única salida es el amparo, pero ojo, sin bloqueos ni escándalos en la calle.
Como diría mi abuelita, “a lo legal, pero con corazón”. Eso sí, la fecha límite es el 18 de enero, ni un día más, porque después de eso la demanda se va directo al archivo por extemporánea. Así que, si tú eres uno de los 10 a 15 mil que quedaron en el limbo, más vale que corras y no te fíes de que “luego, luego”, porque después ya no hay vuelta atrás.
Eso de pagar y cumplir con todos los requisitos para que de la noche a la mañana les cierren el programa es como comprar boleto para el cine y que te cambien la película por una de terror… sin final feliz.
Onappafa no quiere plantones, quiere que la ley hable, pero la ley también pone plazos: el que no entra antes del 18 de enero, ni llorando en la oficina.
La receta para el amparo está clarita: título del vehículo, pago hecho, cita de Repuve, y si tienes papel de la Agencia Nacional de Aduanas de México, mejor que mejor. El trámite no es gratuito, pero tampoco un sablazo, sólo un costo de recuperación y la promesa de que los abogados sí se ponen la camiseta.
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Resulta que el eterno pleito entre fiscalías por el expediente de Javier Corral sigue dando de qué hablar, y eso que todavía no llegan las palomitas.
Allá, el fiscal Anticorrupción se puso el sombrero de defensor del estado y dijo –sin tapujos– que no entregará ni media hoja a la FGR, todo gracias a una suspensión federal que, según el fiscal Abelardo “El Bayo Valenzuela”, blinda a los chihuahuenses de la federación entrometida.
Dicen los enterados que la resolución del Tribunal Colegiado es, por decir lo menos, una joya del surrealismo jurídico y que la FACH no solo va a pelear hasta el último recurso, sino que se lanzará hasta la Suprema Corte.
Y no falta quien sospeche que más que justicia, por ahí corre un tufillo político, porque ¿de verdad el Ministerio Público Federal tiene tanta prisa? Menos cuando uno de los implicados anda blindado por inmunidad.
El caso huele cada vez más a bronca entre estados y federación, con la fiscalía chihuahuense defendiendo el erario local como si fuera el último bastión.
Eso sí, aseguran que no se les ha caído ni una carpeta y que la lucha anticorrupción va “derechito y sin escalas”. En fin, mientras se pelean el expediente, los chihuahuenses se preguntan si la justicia es cuestión de jurisdicción… ¿o de política?
