Líderes del sector empresarial sinaloense confrontaron directamente al secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, durante la reunión del Gabinete de Seguridad en Culiacán. Alberto Coppel pidió de manera explícita acabar con las organizaciones delictivas, mientras otros directivos advirtieron que el secuestro se ha convertido en la nueva fuente de ingresos de los grupos criminales.
Alberto Coppel, uno de los empresarios más reconocidos de Sinaloa, solicitó directamente al secretario de Seguridad acabar con las organizaciones delictivas que afectan la economía de la entidad, e incrementar la presencia de fuerzas federales para detener la violencia.
Entre los empresarios que participaron en el encuentro también se encontraron Jesús Vizcarra Calderón, director general de SuKarne, Luis Osuna Pérez, director de Grupo Panamá y presidente de la Asociación de Hombres de Negocios, y Luis Javier Salido Artola, presidente ejecutivo de Grupo Debate.
Héctor Ley, presidente de Codesin, agradeció la apertura al diálogo y enfatizó la necesidad de reforzar los trabajos conjuntos entre autoridades y sectores productivos para mejorar el clima económico local.
Luis Osuna Pérez advirtió que las bandas criminales están recurriendo al secuestro como fuente de ingresos tras la pérdida de otras actividades ilícitas por la presión operativa de las fuerzas del orden. Los incidentes registrados en semanas recientes han generado un impacto mediático negativo que afecta directamente la imagen turística de Mazatlán, a pesar de que el operativo de Semana Santa se reportó como exitoso.
Entre los casos más resonantes figura el secuestro de turistas originarios del Estado de México en la Zona Dorada de Mazatlán, ocurrido el pasado 3 de febrero, apenas un día después de que las autoridades presumieran el refuerzo operativo previo al Carnaval. El episodio concentró la atención nacional y evidenció la vulnerabilidad de las zonas turísticas ante un fenómeno que, según los propios empresarios, se ha vuelto sistemático.
La Fiscalía General del Estado registró 10 secuestros en 2024, 14 en 2025 y apenas uno en enero de este año, aunque una de las principales razones de esa baja incidencia oficial es que las víctimas no denuncian o las autoridades no abren carpeta de investigación. El dato cobra mayor peso cuando se considera que, según el INEGI a través de la ENVIPE 2025, la cifra negra de delitos en Sinaloa alcanza el 96.3 por ciento, lo que significa que prácticamente uno de cada 33 delitos se denuncia en la entidad.
En el contexto más amplio de la violencia, Sinaloa cerró 2025 con 2 mil 739 delitos de alto impacto, un incremento anual de 35.38 por ciento frente a los 2 mil 028 registrados en 2024. La fractura interna del Cártel de Sinaloa, detonada en septiembre de 2024 tras la captura de Ismael “El Mayo” Zambada, es el factor que los analistas identifican como el disparador del repunte generalizado, incluyendo el del secuestro como modalidad emergente de financiamiento criminal ante la pérdida de otras fuentes de ingreso.
Óscar Pérez señaló ante el gabinete que la percepción ciudadana no ha mejorado al mismo ritmo que los indicadores oficiales, lo que revela una brecha entre los datos que reporta el gobierno y el sentimiento real de la población. Empresarios y ciudadanía coincidieron en exigir que los resultados se comuniquen de manera más efectiva para recuperar la confianza pública.
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