–La visa de Brighite prendió el avispero
— El PAN quiere jugar en ligas mayores
Sin hacer demasiado ruido, los profes integrantes de la Red de Defensa Magisterial se plantaron este domingo en Villa Ahumada y liberaron la caseta de cobro como parte de una protesta que forma parte de la movilización nacional del magisterio.
No hubo mucho alboroto como nos tienen acostumbrados los maestros en sus protestas. Sí llevaron lonas, gritaron consignas e hicieron sus exigencias que viene acumulando años de inconformidad. No pasaron de ahí.
La toma de la caseta de Villa Ahumada terminó siendo una muestra, aunque pequeña, de que el conflicto magisterial sigue más vivo que nunca, y de que los profes de Ciudad Juárez también quieren hacerse visibles dentro del movimiento que se está armando en el centro del país previo al Mundial.
El movimiento nacional de los profes ya advirtió que, si las respuestas oficiales del gobierno de la cuatroté no llegan, no sería extraño que las próximas protestas sean más rudas y en escenarios todavía más visibles.
Los docentes insisten en que la Ley del ISSSTE de 2007 sigue siendo una herida abierta.
Consideran que el cambio del sistema solidario de pensiones hacia las cuentas individuales administradas por AFOREs terminó afectando las condiciones de retiro de miles de trabajadores de la educación.
A eso suman el rechazo al uso de las UMA para calcular prestaciones y una demanda que se escucha cada vez con más frecuencia: un aumento salarial que realmente alcance para enfrentar el costo de la vida.
También existe un creciente malestar por los mecanismos de promoción, evaluación y asignación de plazas, que muchos maestros consideran poco transparentes y alejados de las necesidades reales del sector.
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Lo de la visa cancelada a Brighite Granados sigue dando de que hablar en los círculos políticos de Chihuahua de todos los colores.
Al tema le han sacado jugo político los detractores de Andrea Chávez, porque no es secreto para nadie que Brighite Granados ha sido una de las principales impulsoras de su proyecto rumbo a la gubernatura.
La dirigente estatal de Morena no solo ha recibido golpeteo desde la oposición; también le ha tocado cargar con el fuego amigo y con los ataques de panistas y otros actores políticos que no le tienen ninguna simpatía al movimiento.
Hasta ahora nadie tiene del todo claro por qué le cancelaron su visa láser.
Y es que en una frontera como juaritos, donde cruzar a El Paso forma parte de la rutina de miles de juarenses y paseños, una medida así no pasa desapercibida, y menos cuando le pega a la dirigente estatal de Morena.
Por eso cuesta trabajo comprar, así nomás, la versión de que todo se debe a una vieja infracción vial. No porque sea imposible, sino porque suena demasiado cómoda para un asunto que, por naturaleza, casi siempre viene envuelto en opacidad. Y ahí empieza el ruido político.
Y más todavía cuando en días recientes salieron versiones sobre Alfonso Durazo y Américo Villarrea, los gobernadores de Sonora y Tamaulipas, a quienes les habrían retirado las visas por presuntos vínculos con el crimen organizado, según una publicación de Los Angeles Times.
Los especialistas en temas migratorios ya dijeron lo obvio: una multa de tráfico común rara vez termina, por sí sola, en la revocación de una visa.
Puede haber otros factores, puede haber información que no se hace pública, puede haber incluso una combinación de elementos que el gobierno estadounidense simplemente no está obligado a explicar.
Y justo por eso el caso prende focos. Porque cuando se trata de personajes públicos, el vacío de información siempre se llena con sospechas, lecturas políticas y costos de imagen.
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A ver qué dice hoy en la Mañanera la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la denuncia que el PAN presentó contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador ante la Corte Penal Internacional, donde lo señalan por un supuesto pacto con el crimen organizado.
Seguramente la va a descalificar, como lo ha venido haciendo con los señalamientos que han salido de la Corte del Distrito Sur de Nueva York y el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por sus presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.
La denuncia contra AMLO no es menor; es una jugada política fuerte con la que la oposición quiere llevar al plano internacional un señalamiento que lleva años repitiendo en México, pero que hasta ahora no ha logrado convertir en un golpe de verdad.
Acusar al expresidente de presuntos pactos con el crimen organizado, hablar de delitos de lesa humanidad y poner sobre la mesa cifras de homicidios, desapariciones, desplazamientos y reclutamiento forzado no solo sube el tono del debate; también le echa más gasolina al fuego con el que la oposición ha querido quemar a Morena.
Aun así, la jugada del PAN sí tiene lógica política: quiere dejar instalada la idea de que la estrategia de “abrazos, no balazos” no solo salió mal, sino que terminó dándole aire al crimen. Así de simple.
