Jorge Luis Llaven, fiscal general de Chiapas, aseguró que una red de extorsión, que cobraba cuotas entre mil y 10 mil pesos a empresarios, locatarios y ganaderos, operaba desde la presidencia municipal de Cintalapa con la participación de grupos generadores de violencia en complicidad de servidores públicos.
el fiscal afirmó que hay pruebas sólidas que vinculan a la administración municipal de Ernesto ‘N’, recientemente detenido por su presunta vinculación con grupos criminales, así como también por cargos por ejercicio abusivo de funciones, abuso de autoridad, actos de corrupción y malversación de recursos públicos.
Precisó que, de manera paralela, las investigaciones derivaron en un operativo de gran escala que involucró a corporaciones de seguridad de los municipios de Cintalapa, Jiquipilas y Ocozocoautla, donde más de 150 policías municipales fueron sujetos a revisión; de ellos, 11 ya se encuentran judicializados por su presunta participación en estos hechos.
“La Fiscalía está haciendo investigaciones amplias y exhaustivas, para que en los próximos días podamos determinar o deslindar responsabilidades, respaldando el compromiso del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar de combatir la delincuencia, de no permitir la corrupción. No habrá tolerancia a ninguna conducta delictiva, y menos cuando estas son cometidas por servidores públicos”, aseveró.
Informó que, hasta el momento, el monto del daño patrimonial acreditado en la carpeta que dio origen a la detención del ex alcalde supera los 10 millones de pesos, aunque el fiscal advirtió que la cifra podría aumentar, ya que continúan las auditorías y aún se reciben denuncias.
Además, señaló que se abrió una investigación adicional contra posibles empresas “fachada” utilizadas para el lavado de dinero, con el objetivo de incautar bienes y propiedades adquiridas con recursos ilícitos.
Declaró que también se indaga si el alcalde utilizó recursos de procedencia ilícita o financiamiento de grupos criminales durante su más reciente campaña de reelección, y adelantó que las investigaciones se extenderán a otros municipios de la región.
Respecto a la situación jurídica de los detenidos, informó que tanto el alcalde como la ex sindica Anayeli ‘N’, se encuentran dentro del término constitucional ampliado, y que la Fiscalía buscará obtener la vinculación a proceso para iniciar la etapa de investigación complementaria con miras a llevarlos a juicio y lograr una sentencia condenatoria.
Aseguró que en Cintalapa se ha reforzado la seguridad con el apoyo de la Defensa, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como la Fiscalía General de la República, y subrayó que no existe persecución política.
“Estamos investigando hechos y conductas delictivas. No habrá tolerancia a la corrupción ni a la complicidad con el crimen”, reiteró.
Asimismo, indicó que el Congreso del estado designará a un alcalde o alcaldesa sustituta para garantizar la gobernabilidad del municipio.
Milenio
