La caída de Rubén Oseguera Cervantes, conocido mundialmente como “El Mencho”, no ha marcado el fin del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), sino el inicio de una metamorfosis mucho más peligrosa y profundamente enraizada en las estructuras del Estado mexicano. En una revelación que ha sacudido los cimientos de la opinión pública, la periodista de investigación Anabel Hernández ha puesto al descubierto la compleja red de sucesión y los nexos políticos que garantizan la supervivencia de esta organización criminal, a pesar de la pérdida de su fundador.
El pasado 22 de febrero, el mundo despertó con la noticia de la captura y posterior muerte de uno de los capos más buscados del planeta. Sin embargo, detrás del operativo en Tapalpa, Jalisco, se esconde una narrativa de traiciones, presiones internacionales y, sobre todo, un sistema que parece diseñado para reciclar liderazgos criminales bajo el amparo de la impunidad. Según los informes presentados por Hernández, la organización no se encuentra en desbandada, sino en un proceso interno de selección para definir quién heredará un imperio con presencia en más de 100 países.
Tres nombres figuran en la lista de aspirantes con posibilidades reales de tomar las riendas del grupo: Juan Carlos Valencia González, alias “El 03”; Audías Flores Silva, alias “El Jardinero”; y Gonzalo Mendoza Gaitán, mejor conocido como “El Sapo”. Cada uno representa una faceta distinta de la organización, desde la violencia más cruda hasta la sofisticación de las relaciones públicas.
“El 03”, hijastro de “El Mencho”, es el único con vínculos familiares directos que quedan en libertad, cargando con la fama de ser el perfil más violento. Por otro lado, “El Jardinero” es recordado por su capacidad operativa, incluyendo ataques de alto impacto contra las fuerzas armadas. Sin embargo, es la figura de “El Sapo” la que acapara la atención de los analistas y de la propia inteligencia mexicana. A sus 36 años, Mendoza Gaitán no solo cuenta con la confianza que le otorgó su padrino en vida, sino que posee la herramienta más valiosa en el “narcosistema” actual: los contactos al más alto nivel dentro de la llamada Cuarta Transformación.
Lo más alarmante de las revelaciones de Anabel Hernández es la identificación de dos personajes clave que actúan como puentes entre el crimen organizado y la política nacional: Sergio Armando Orozco Rodríguez, alias “Chocho”, y Fabián Alejandro Espinoza Olvera. Estos individuos no son sicarios de a pie, sino operadores que “tejen” relaciones en el sector empresarial, deportivo y, fundamentalmente, político.
El “Chocho”, vinculado al sector hotelero y restaurantero en Puerto Vallarta, ha sido señalado por ayudar al cártel a infiltrar la economía legítima y garantizar “paz” a cambio de cuotas y alianzas con los ayuntamientos. Por su parte, Fabián Espinoza se presenta bajo la fachada de un activista social contra las adicciones. A través de centros de rehabilitación que presuntamente sirven como narcolaboratorios y centros de reclutamiento forzado, Espinoza ha logrado fotografiarse con las figuras más prominentes del régimen actual, desde secretarios de Estado hasta ministros de la Suprema Corte. Estas imágenes, más que simples coincidencias, representan para el cártel un acceso directo a carpetas de investigación y a la negociación de impunidad.
La periodista sostiene que la administración de Claudia Sheinbaum heredó y mantuvo los acuerdos de “abrazos y no balazos” establecidos por su predecesor, Andrés Manuel López Obrador. Según fuentes de inteligencia, el CJNG habría incluso financiado campañas políticas con sumas millonarias a cambio de protección. No obstante, el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y la designación de los cárteles como organizaciones narcoterroristas alteró el tablero.
La presión de Washington obligó al gobierno mexicano a entregar “regalos” al Departamento de Justicia de Estados Unidos, siendo la cabeza de “El Mencho” el trofeo principal. Pero la estructura criminal estaba prevenida. El propio Oseguera Cervantes ya planeaba su jubilación debido a problemas de salud y al golpe emocional que significó la cadena perpetua para su hijo, “El Menchito”. La sucesión estaba pactada, y el relevo se preparaba para una era donde la violencia se alterna con la diplomacia criminal en los pasillos del poder.
El análisis de Hernández es contundente: los cárteles no son un fenómeno externo que ataca al Estado, sino una consecuencia de un sistema criminal donde funcionarios de todos los niveles participan activa o pasivamente. El hecho de que “El Mencho” viviera relajado en una propiedad boletinada por el Departamento del Tesoro desde 2020, en un municipio gobernado por el partido oficial, es la prueba fehaciente de la complicidad institucional.
Mientras México enfrenta una “tensa calma” tras los bloqueos y la violencia desatada en 20 estados tras la caída del capo, la pregunta que queda en el aire no es quién será el nuevo líder, sino si el gobierno tendrá la voluntad de romper los lazos con los operadores que hoy se pasean por sus oficinas. Muerto el rey, el sistema se apresura a coronar a uno nuevo, asegurando que la maquinaria del tráfico de drogas, armas y personas no se detenga, mientras los ciudadanos quedan atrapados en medio de una guerra que se decide en despachos oficiales y fincas de lujo.
La historia de la sucesión en el CJNG es, en última instancia, la crónica de un país que sigue luchando contra monstruos que él mismo ha engendrado y alimentado. La verdad revelada por Anabel Hernández nos obliga a mirar más allá de la nota roja y cuestionar la integridad de quienes tienen la obligación de protegernos.
