–Sheinbaum insiste con la ley del hielo a Maru
–Polis obligados a mejorar seguridad tras inversión millonaria
Hay funcionarios que confunden el cargo con una licencia para hacer lo que les venga en gana. Y todo indica que el joven del sombrero, Rafa Butchart, lleva tiempo actuando bajo esa idea.
En los pasillos del Parque Central son conocidas sus formas: altanero, explosivo, prepotente, iracundo y convencido de que basta con levantar la voz para intimidar a cualquier incauto o incauta que se le ponga enfrente.
Lo ocurrido el miércoles pasado, cuando así nomás, por sus kiwis, dañó un camión de publicidad, vino a confirmar la famita que ya se carga.
Vale destacar que el administrador del Parque Central terminó detenido después de un altercado con el operador de un camión publicitario, al que presuntamente amenazó. También habría dañado la pantalla móvil y se habría resistido a la intervención de los policías municipales. El asunto acabó en manos del Ministerio Público por el presunto delito de daños.
Lo más curioso es que, horas antes, el propio funcionario presumía en redes sociales que había retirado personalmente las lonas del vehículo. Incluso escribió que no le interesaban las implicaciones legales porque, según él, la tranquilidad del parque era la prioridad.
Nadie discute que un espacio público deba tener reglas. Si el camión estaba donde no debía, para eso existen procedimientos administrativos, inspectores, notificaciones y autoridades competentes. Lo que no existe en ninguna ley es permiso para actuar como chota, romper propiedad ajena y después esperar aplausos.
Este desplante deja mal parado al gobierno del estado que encabeza la gobernadora Maru Campos. Por eso, muchos esperan que el “vaquero chido” reciba su castigo y, quizá, hasta su salida de la administración del parque.
Porque una cosa es defender el orden y otra muy distinta tolerar que un servidor público haga justicia por mano propia. Si la autoridad exige respeto a la ley, el primer obligado a cumplirla debería ser quien cobra del erario. Ya veremos en qué termina este arguende que, de la noche a la mañana, armó el joven e inexperto Butchart, un personaje con mucha, pero mucha, necesidad de atención y presencia.
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A ver si alguien le avisa a Maru Campos que para pelear se necesitan dos. Porque mientras la gobernadora sube el volumen, lanza reclamos y exige “garantía de audiencia”, del otro lado en Palacio Nacional nomás no compran boleto para esa grilla.
Todo indica que en Palacio Nacional aprendieron la lección. Claudia Sheinbaum no parece tener intención de volver a victimizar a Maru Campos, como sucedió con el “CIA Gate”, donde la gobernadora terminó capitalizando políticamente el conflicto. Ahora la estrategia parece ser otra: no engancharse y dejar que el pleito se desgaste solo.
La mandataria asegura que Chihuahua ha sido olvidado en participaciones, salud, seguridad y hasta en el asunto del gusano barrenador.
Resulta que la Federación sostiene que desde abril hubo intentos de contacto, reuniones con el gabinete de seguridad e incluso espacios para aclarar el escándalo de los agentes de la CIA. Si esas puertas existieron, entonces el argumento de que nunca fue escuchada pierde fuerza.
Y como era de esperarse, en Morena no dejaron pasar la oportunidad. Cuauhtémoc Estrada le dio la vuelta al discurso al señalar que resulta curioso exigir derecho de audiencia después de haber rechazado comparecencias ante el Senado, el Congreso local y hasta los llamados de la Fiscalía General de la República. En pocas palabras, le respondió que el diálogo no puede ser a la carta.
Lo cierto es que Chihuahua necesita mucho más que un intercambio de declaraciones. Mientras unos cuentan agravios y otros reparten culpas, la inseguridad, los problemas presupuestales y las necesidades de miles de chihuahuenses siguen esperando respuestas.
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Ya que hablamos de Maru, ayer cambió el discurso de la confrontación por el de los resultados. Presumió una inversión cercana a los 4 mil millones de pesos para fortalecer a las corporaciones policiacas y encabezó la entrega de más de 50 mil piezas de uniformes para poco más de 3 mil 200 elementos estatales.
La cifra impresiona, igual que los 93.5 millones destinados únicamente a este nuevo equipamiento. Uniformes, botas, esposas, lámparas y mejores prestaciones buscan reforzar el mensaje de que la seguridad sigue siendo la carta fuerte del gobierno estatal.
La apuesta no es menor. Si los homicidios realmente mantienen la reducción del 20 por ciento que presume la administración, el gobierno tendrá un argumento sólido para presumir resultados.
Pero si la violencia vuelve a repuntar, ni los miles de millones invertidos ni los uniformes recién estrenados alcanzarán para disminuir los delitos que, al final del día, son las únicas que cuentan.
